BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

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Los bienes del Dominio Público han sido definidos como: los orientados a satisfacer las necesidades del orden social, sean estas colectivas o públicas ya que pueden ser disfrutados por toda la población sin existir exclusión alguna.

La norma que establece cuáles son los bienes que integran el patrimonio nacional, su régimen de dominio público, tanto de los bienes de la Federación como los de sus organismos descentralizados, y la normatividad que establece la manera de hacer los avalúos de los bienes nacionales, es la Ley General de Bienes Nacionales.

Dentro de sus características fundamentales están las de ser bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.

La mencionada Ley de Bienes Nacionales establece como bienes públicos o de uso común, entre otros a:

a) El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional; b) Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación; c) Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten; d) Las riberas y zonas federales de las corrientes; e) El mar territorial en la anchura que fije la Ley; y f) Los puertos, bahías, radas y ensenadas.

Los bienes marcados por la Ley como de uso común pueden ser utilizados por todos los habitantes del país, sin más límites que los que establezcan las leyes y reglamentos.
Tratándose de este tipo de bienes, si algún particular quisiera aprovecharlos de manera especial o particular, es necesario que cuente con una concesión, autorización o permiso emitido por la autoridad administrativa federal, en la que se precisen las condiciones y requisitos correspondientes, previstos en las leyes aplicables; estableciéndose y precisando en el permiso, autorización o título de concesión que pudiera otorgarse, las reglas y condiciones a las que deberá someterse quien logre la posibilidad de aprovechar y/o explotar dichos bienes; y sin demérito al uso que tuvieran derecho los terceros usuarios de los bienes conforme a lo autorizado.

Para el caso de los permisos y autorizaciones, básicamente, bastará con quien pretenda obtenerlos satisfaga los requerimientos que la ley aplicable establezca.

En cuanto a la concesión, tratándose de un otorgamiento en el que la decisión final de darlo está reservada al Ejecutivo, este podrá negarla (aun cuando se satisfagan los requisitos establecidos), entre otros casos, cuando:

a) El solicitante no cumpla con los requisitos establecidos en la ley de la materia; b) Si se crea con la concesión un acaparamiento contrario al interés social; c) Si se decide emprender, a través de la Federación o de las entidades, una explotación directa de los recursos de que se trate; d) Si los bienes de que se trate están programados para la creación de reservas nacionales; e) Cuando se afecte la seguridad nacional; y f) Si existe algún motivo fundado de interés público.