CONTROL CONSTITUCIONAL RECURSO DE DEFENSA INSTITUCIONAL

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Por: Dr. Uriel Jarquin Gálvez | @IMELEGAL

La constitución es el orden jurídico supremo en nuestro país, por tanto, la preservación de su observancia por gobernados y gobernantes no debe soslayarse; esto es, el cumplimiento de las normas constitucionales es imperativo para autoridades y ciudadanos en general, pues en caso contrario se quebranta el orden social jurídicamente tutelado y, con ello, se viola la finalidad última del derecho consistente en la convivencia armónica y el bien común, cuestiones que persigue cualquier norma, pero, sobre todo las constitucionales, por ser estas el cimiento del derecho positivo.

El problema más añejo del Derecho Constitucional es la defensa o, la autodefensa de la carta magna pues de nada sirve el pronunciamiento de una serie de normas superiores que, violadas, no habrá órgano alguno que invalide o destruya los actos o normas que resulten contrarios a ellas.

No existe efecto más nocivo en el Derecho de garantías que la pérdida de la confianza en el orden de la máxima ley, por ese motivo, es necesario que todo orden jurídico supremo tenga un órgano que haga valer la constitución tanto por parte del ciudadano, como de la propia autoridad, pues la restauración del orden constitucional obedece a un principio de seguridad y certeza que permite al gobernado respetar y exigir el respeto, con lo cual se inicia una convivencia social sana, para evitar la barbarie.

Para solucionar el problema de las Constituciones que son “letra muerta”, se forjaron lo que a la fecha se denominan “Sistemas de Justicia Constitucional”, que son precisamente formas de resolver los actos o leyes que no se ajustan a la norma suprema, pudiendo ser dichos sistemas de índole política, administrativa, neutra, mixta o jurisdiccional.
El sistema adoptado en nuestra sociedad es el jurisdiccional, en el que se encomienda a un órgano judicial la resolución del asunto en el cual se alega la violación a la norma fundamental. Este sistema además de difundido ha sido aceptado dado que ha demostrado su eficacia a través del tiempo, por dos elementos: la confianza al juzgador y la posibilidad de que sea a través de un procedimiento en donde se resuelva la disputa constitucional, procedimiento en el que se emiten argumentos, se rinden pruebas y, en fin, se permite que los involucrados se defiendan, siendo el encargado de resolver un tercero imparcial que tiene el carácter de juez o tribunal de control constitucional.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se previenen medios de control constitucional jurisdiccionales, siendo el que goza de más prestigio y tradición jurídica el juicio de amparo y, que se han acuñado en lustros posteriores, pero de igual manera han probado su eficacia, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Es deseable que todas los Estados tengan en sus Constituciones estos mecanismos de defensa institucional y ciudadana.