CULTURA DE LA LEGALIDAD

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Hemos señalado antes nuestra convicción de que es en la legalidad y la cultura de ésta, donde se encuentra la posibilidad de mejores estadios de desarrollo, entendimiento y superación de nuestros males sociales.

De la conveniencia de que, por ejemplo, las autoridades al hacer cumplir las leyes, lo hagan ajustándose al derecho y deber que les asiste aún por medio de la fuerza si esto fuera necesario y a pesar del “costo político” que esto pudiera traer aparejado; que los comunicadores al ejercer su función de informar lo hagan con una visión, que vaya más allá de la noticia estridente; y que se hace necesario insistir y crear la conciencia en el pueblo todo de las bondades que trae el respeto a la ley.

Hemos dicho también que, es menester crear mayor conciencia, una mayor y mejor cultura de la legalidad, entendida esta como el estado de cosas en el que los sujetos a las normas legales imperantes ajustan sus actos a lo dispuesto por la ley por convicción más que por conveniencia o temor a una sanción o castigo; así como que procuren y vigilen que todos los actores sociales lo hagan.

Que es tiempo de que, todos, hombres, mujeres, ancianos y particularmente jóvenes y niños, tengan claros sus derechos y los hagan valer, pero también que existen obligaciones a las que no pueden y sobre todo no deben sustraerse y que esta inercia los lleve a la convicción de que el respeto por la ley y el orden jurídico son, por mucho, la mejor manera de resolver diferencias, de construir naciones, de generar riqueza, de gozar de certeza y seguridad futuras.

Tener igualmente claridad de las consecuencias de la violación de la ley; así como que ésta debe combatirse con los principios previstos por nuestro sistema normativo, a través de los órganos instituidos para el efecto, sin olvidar que el poder del Estado es también poder sujeto al derecho. Jesús Reyes Heroles (1921-1985) en sus “Discursos Políticos”. (Febrero 1972- Febrero 1975), cita a Luis Echeverría diciendo: El Estado no puede transigir con el derecho que lo rige; negociar con delincuentes es negar el derecho, prescindir de la voluntad popular, reducir al Gobierno a un mero instrumento oportunista, sometido a los vaivenes de la delincuencia. No hay derecho sin convivencia y no hay convivencia sin derecho. Mantener el imperio de la ley es mantener las posibilidades de progreso.

La tolerancia de la violación a la ley, puesta en práctica por los órganos del Estado como estrategia para cuidar una supuesta imagen de tranquilidad social o civilidad, no genera más que relajamiento en la conducta del ciudadano respetuoso de las normas o, en el mejor de los casos, frustración respecto del orden jurídico y desprecio por los agentes de la autoridad que, tarde o temprano, se convertirán a su vez en transgresiones de derecho.

Esta práctica antijurídica, antisocial y contraria a una buena política de gobierno, de subsistir, conlleva un potencial desorden absoluto que solamente con extrema violencia gubernamental se podrá revertir y detener; y entretanto, la cultura jurídica, la de civilidad y la de legalidad que a pasos muy lentos hemos venido construyendo y alcanzando, pudiera írsenos, rápidamente, de las manos.