LA CÁMARA DE DIPUTADOS (Parte 2/2)

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Siguiendo con lo establecido en nuestra entrega previa, en una república democrática y representativa como pretende ser la mexicana, a través de una ficción creada para tal fin, el pueblo, es decir, todos los integrantes de la nación con capacidad legal para participar en procesos electorales (los ciudadanos), dada la imposibilidad real de estar presentes y así poder decidir de manera directa cada uno de los temas de gobierno a los que tiene derecho, deposita en sus representantes (los diputados) esta facultad.

Tal representación la logran, como consigna nuestra Constitución federal, decíamos, mediante el sufragio libre, secreto, directo, personal e intransferible; emanado de procesos electorales, libres, auténticos y periódicos, a cargo de un organismo autónomo (INE) que ha de ceñirse a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.

En este orden de ideas, representación, democracia y decisiones políticas, son conceptos que van ligados íntimamente entre sí.

Se atribuye a Hans Kelsen, famoso jurista y filósofo austríaco (1881-1973), la afirmación de que para la existencia y buen funcionamiento de la democracia, se dependía de la eficacia del Parlamento, en virtud de que, aun reconociendo que democracia y parlamento son cosas distintas; la existencia de un parlamento o congreso eficaz resulta vital para la democracia debido a la consabida imposibilidad práctica de que el pueblo todo participe de manera directa en la formación de normas jurídicas o en la toma de decisiones en general.

Hoy día, todas las democracias modernas son representativas y por ende, al hablar de sistemas políticos democráticos se implican cuestiones como la representatividad obtenida a través de votos bajo procesos libres, la autodeterminación política, la transición de un Estado absolutista a uno de Derecho; la división de poderes, la transmisión del poder, los contrapesos; entre otras que, el ciudadano pretende alcanzar y gozar, restringiendo incluso su propia libertad o albedrio, subordinándole, en parte, en aras del bienestar común.

En este sentido, la libertad restringida por los ciudadanos, depositada a favor de los órganos estatales como la Cámara de Diputados, se traduce en la soberanía estatal; sin embargo, no significa que esta sea ejercida directamente por el Parlamento. En un Estado Constitucional no existe en realidad un soberano; el ejercicio de la soberanía se agota en un poder constituyente y permanece latente en la Constitución. En el Estado constitucional, jurídicamente, sólo hay competencias: la soberanía política que se transforma en soberanía jurídica y los poderes constituidos, en tanto poderes limitados, que deberán respetar las máximas y principios establecidos en la ley fundamental.

Principios recogidos en el célebre discurso pronunciado por Burke ante sus electores del colegio de Bristol, Inglaterra al haber ganado la elección:

 “… el Parlamento no es Congreso de embajadores de diferentes y hostiles intereses que cada uno ha de defender como agente y abogado frente a otros agentes y abogados, sino la asamblea deliberante de una nación con un interés, el del conjunto, que no ha de guiarse por intereses o prejuicios locales sino por el bien común resultante de la razón general en su conjunto.”