LA CONCESIÓN

0
204

El artículo 28 de la CPEUM, undécimo párrafo, señala: “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.

Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.

La Ley de Bienes Nacionales establece que los bienes de dominio público son:
a) El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional; b) Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación; c) Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten; d) Las riberas y zonas federales de las corrientes; e) El mar territorial en la anchura que fije la Ley; y f) Los puertos, bahías, radas y ensenadas.

Tratándose de servicios públicos; en la CPEUM (Art. 115), al hablar de los Municipios, se señalan:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Ahora bien, para aquellos bienes y servicios determinados de carácter público en los que, si pudieran intervenir los particulares en su prestación y/o explotación, únicamente lo podrán hacer como coadyuvantes y/o auxiliares materiales en esas actividades económicas y no como sus titulares jurídicos; por su implicación serán de naturaleza y efectos limitados y solo podrán hacerlo a través de un acto habilitante.

La Concesión, es ese acto habilitante que permitiría al particular prestar un servicio público o explotar un bien del dominio público, de acuerdo con lo que para el efecto se establezca en las leyes y el título de concesión respectivos.

La Concesión deberá de ser de alcance restringido, en la que la tarea sigue perteneciendo al Estado y debe ser realizada en su nombre; de temporalidad determinada y la que, al concluir, no generará a favor del particular derechos adquiridos, esto es, ningún concesionario puede alegar que tiene derecho a continuar realizando una tarea gubernamental.

Una vez concluido el acto habilitante por cualquier razón, incluso por una decisión unilateral del Estado, el único derecho que se tiene es a ser indemnizado si es que existió un daño y este es responsabilidad del Estado.

Dicho de otra manera, el principio es que las tareas publicas únicamente competen al Estado, pero por excepción algunas de ellas son concesionables.