LA PENA DE MUERTE

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Ha resurgido la polémica acerca de la conveniencia o no de la aplicación de la pena de muerte en México, sobre todo, tratándose de delitos, conocidos como de “alto impacto”, tales como la violación, el secuestro y algunos tipos de homicidio, cuando estos se cometen de manera particularmente violenta, cruel o sanguinaria.

El tema en nuestro País ha sido ya ampliamente discutido, al grado que se determinó quitar del texto constitucional la posibilidad de imponer esta pena, lo que, de paso, colocó a nuestro país en el supuesto del “Pacto de San José de Costa Rica” —suscrito por México desde 1969— mediante el cual se obliga (artículo 4°) a no volver a implantarla en la Constitución, debiendo recordar que es ésta, la norma máxima y fundamental en nuestro sistema jurídico.

En este sentido, de acuerdo con las tesis de los expertos en la materia, su instauración e implementación, en nada remedia, previene, o inhibe, la comisión de los delitos para los que se pretende aplicar; a los que suman, consideraciones éticas y humanísticas vertidas a favor de la vida; argumentos que en su oportunidad fueron esgrimidos, con éxito, para lograr quitar esta pena de la Constitución mexicana.

Contra de su implementación, han sido también empleados argumentos como que nuestro sistema jurisdiccional todavía deja muchas dudas respecto de su desempeño justo y equitativo. A los que ahora se agregan cuestiones prácticas como que se requiere de mayoría calificada para que prosperara en el Congreso y posteriormente se requeriría igualmente de una mayoría calificada de las Entidades Federativas para que pudiera volver a ser parte del texto constitucional federal, así como faltar al cumplimiento del aludido tratado internacional suscrito.

Quienes promueven este tipo de pena, enfatizan el hartazgo y desesperación de la sociedad, víctima de este tipo de conductas delictivas que la lesionan en su conjunto, arguyendo que se hace necesaria una medida contundente que impida e inhiba la comisión de estos delitos. El dato dado por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que hay una impunidad del 99% en México abona en este sentido.

En este orden de ideas, lo que se aprecia es: por un lado, una ciudadanía cansada de la inseguridad, la impunidad, la justicia diferenciada; por otro, participantes sociales proponiendo medidas tendientes a su combate, y finalmente, un Estado que hasta ahora ha resultado incapaz de brindar soluciones eficaces contra estos males.

De lo anterior, pareciera que un primer paso en la dirección correcta sería combatir efectivamente la impunidad.
Esto es, para reducir el índice delictivo, lo primero sería llevar ante la justicia a quienes violenten nuestro marco legal y castigarles, siempre, en todos los casos, sin excepción; con una policía investigadora eficaz y eficiente, reduciendo al mínimo posible el rango de discrecionalidades e interpretaciones que solo generan corrupción y su consecuencia inmediata: impunidad.

Mientras no se logre abatir la impunidad, de poco o nada servirán mayores penas, foros, discusiones y declaraciones grandilocuentes.