LAS CASAS DE EMPEÑO

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En épocas de crisis, una emergencia o cuando que el dinero escasea, las Casas de Empeño suelen convertirse en la única alternativa posible para muchas personas para hacerse de algún recurso económico para superar el trance.

Estás mismas condiciones de necesidad, terminan propiciando que quienes requieren de esos recursos, sean presa fácil de condiciones muy desfavorables para ellos al contratar.

En principio, está el hecho de que notoria y públicamente se cobren altas tasas de interés, incluso mayores a las que los bancos cobran a sus usuarios con, al menos, la tolerancia y pasividad de las autoridades. También el que los bancos, Instituciones cuyo objeto es, entre otros, el de la realización de préstamos, sean objeto de mucha supervisión y de una amplísima regulación federal.

Ni hablar del Nacional Monte de Piedad, establecimiento precursor de este tipo de préstamos, cuya regulación es aún más extensa y vigilada

En el caso de las llamadas casas de empeño, su regulación descansa, básicamente, en la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria”; norma que emite la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y que tiene por objeto: “establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios”; la obligación de registrar el contrato, llamado de Adhesión, ante la propia Procuraduría y las sanciones en caso de incumplimiento del contrato.

Desafortunadamente, la Norma termina únicamente estableciendo elementos informativos sin estipular parámetros que de algún modo precisen cuestiones como el monto a prestar y quizá el más importante: el establecimiento de un rango equilibrado en la tasa de los intereses a pagar.

Tampoco soluciona otros temas igualmente relevantes como los relacionados con las demasías, las valuaciones y los valuadores, el depósito de lo pignorado, entre otros; en todos ellos la NOM es omisa, sólo informa; legitimando sin embargo, esta actividad con su emisión, al señalar que cualquier persona física o moral, que realice contratos u operaciones de muto con interés, que no esté regulada por las disposiciones financieras, si registra su contrato y crea una sociedad mercantil, puede llevar a cabo estas operaciones. Flaco favor.

Este vacío, ha generado excesos que merecen atención y remedio, de un modo que continúe siendo negocio para unos, pero sin abusos para otros.
Por disposición Constitucional, es el Congreso de la Unión el único facultado para legislar en materia de Comercio (fracción X, Art. 73 de la CPEUM).

Los actos que realizan las casas de empeño son actos de comercio según prescribe la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio.
Toca a los Congresos, principalmente al de la Unión prestar atención a este tema para emitir una legislación que ponga orden a la actividad y de paso limite la voracidad de aquellos que, valiéndose de la necesidad de unos y la ineficiencia, pasividad o desinterés de otros, lesione, todavía más, a las economías de los más necesitados.