POLÍTICA PÚBLICAS Y DESARROLLO

0
175

Países que alcanzan la categoría de desarrollados han avanzado por medio de políticas económicas que impulsan el crecimiento con políticas públicas focalizadas en desarrollo.

En México, el estado de bienestar ha estado en crisis en los últimos 30 años. Grandes grupos poblacionales carecen hoy en día de lo esencial para vivir con dignidad y la población de ingreso medio sufre por la pérdida progresiva de bienestar. No se trata de una crisis coyuntural, sino de una que se ha gestado durante décadas.

En parte se ha debido al bajo crecimiento de las últimas décadas, pero también a la ineficacia de las políticas públicas instrumentadas. Con el tiempo, se ha generado una serie de iniciativas de política pública, inconexas e incluso contradictorias, que han dado escasos resultados.

La incapacidad de generar valor público se debe, en términos generales, a problemas estructurales de las políticas públicas que no han podido resolverse.

Las evaluaciones de políticas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2012-2018 muestran propensiones que afectan a la mayoría de las políticas públicas:

  • No se diagnostican con precisión los problemas públicos que se pretende atender.
  • El diseño de las políticas y de los programas que las sustentan carecen de pruebas piloto previas que corroboren su efectividad.
  • Los programas que otorgan subsidios y apoyos mediante intermediarios tienen controles de gasto débiles.
  • Las políticas públicas integrales que suponen la operación de diversos entes públicos evidencian la falta de coordinación que se traduce en incumplimientos en los procesos transversales y en una fragmentación y segmentación de las políticas públicas.

Los programas son operados con reglas de operación deficientes y ambiguas, combinándose, en la mayoría de los casos, en deficiencia en la integración de padrones de beneficiarios.

Lo anterior propicia el uso discrecional del presupuesto y la falta de transparencia en el otorgamiento de apoyos y beneficios, por lo que no se garantiza la trazabilidad de los recursos ni la entrega focalizada a las poblaciones con interés legítimo en recibirlos y aumenta el riesgo de corrupción.

En nuestro país a pesar de los cambios políticos en las dos últimas décadas, estas cuestiones siguen sin ser resueltas atinadamente. La agenda económica y social sigue sobrecargada, deficientemente atendida y mal dirigida. La necesidad de contar con un eficaz sistema de prioridades definidas y bien ordenadas que den cauce a estos añejos problemas debería ser entendida como una condición urgente para la estabilidad política, el entendimiento social y la consolidación democrática mexicana.

Existen instrumentos de probada eficiencia para alcanzar los objetivos que han sido perfeccionados a lo largo del tiempo y la revisión efectuada por la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos de la Federación puede ser una buena oportunidad para impulsar una agenda más articulada de políticas públicas. Es importante hacerlo.