PROPIEDAD Y DISPOSICIÓN

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De acuerdo con nuestras leyes de la materia —fundamentalmente los Códigos Civiles—, siguiendo lo que al respecto ha sido establecido desde el Derecho Romano respecto de la propiedad se establece como regla general que “pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”.

El Código Civil federal así lo marca y agrega que los bienes (cosas) son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares, así como que los primeros son los que pertenecen a las Federación, los Estados y los Municipios, señalando que se regirán por las disposiciones del Código cuando no los sean por leyes especiales —la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), por ejemplo— y que se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios.

También, de manera general, en nuestra legislación se señala que el propietario de un bien puede usar, disfrutar y disponer de ella sin más limitaciones que las que fijen las leyes y con arreglo a las modalidades que las propias leyes establezcan.

Como formas de adquirir la propiedad de una cosa, se señala a los contratos traslativos de dominio (la compraventa), precisándose que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.

Esta brevísima referencia a la propiedad y sus atributos tiene origen en la inquietud que ha despertado en algunos espacios, el anuncio de la venta del avión presidencial hecha por el Presidente de la República.

Más allá de lo que se ha dicho acerca de los posibles métodos para lograr la venta de dicho bien; surgen aspectos que merecen alguna reflexión.

Según ha trascendido, dicho bien no es propiedad del gobierno mexicano, sino que está sujeto a un contrato de arrendamiento financiero, instrumento mediante el cual no se traslada la propiedad del bien sino hasta que se cumple el término del arrendamiento y, en su caso, se opta, por pagar el valor residual del bien al final del contrato.

Por otra parte, aun siendo el propietario del bien, al tratarse de uno que la LGBN señala como sujeto al régimen de dominio público de la Federación, su pretendida adquisición necesitó de un obligado proceso legislativo, administrativo previo y consecuentemente, su posterior venta, requeriría de un proceso similar para su desincorporación como parte del patrimonio del País.

Esto es, cualquier servidor público, al acceder al cargo, encontrará una serie de bienes, muebles e inmuebles, destinados para su uso a fin de que pueda dar cumplimiento cabal a la tarea que constitucional y legalmente le atribuye el cargo; pero sobre esos bienes no adquiere la calidad de propietario, acaso de depositario, ya que al término del encargo, deberá responder y entregar a quien le sustituya, sin más deterioro que el uso normal de la cosa, todos los bienes que hubiere encontrado al arribar al cargo y/o los que en el trascurso de su ejercicio, siguiendo las disposiciones legales conducentes, hubiera adquirido.

En este sentido, en el asunto de referencia, según las disposiciones aludidas, no parece posible realizar una libre disposición del bien, así como que, para poder hacerlo, habría que satisfacer, antes, ciertos requisitos de forma y fondo.