La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el organismo que en teoría debe procurar y defender garantías individuales, hoy es señalada por violentarlas puertas adentro. Y no por adversarios políticos, sino por quienes trabajan ahí.
Si una Comisión de Derechos Humanos no puede garantizar condiciones dignas al interior de su propia estructura, el problema deja de ser administrativo y se vuelve estructural.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo fue diseñada para vigilar al poder, emitir recomendaciones, supervisar abusos y convertirse en contrapeso moral del aparato público. Sin embargo, hoy el debate no gira en torno a sus resoluciones, sino a su clima laboral.
Reza el refrán: en casa del herrero, azadón de palo. Y eso es exactamente lo que, según testimonios internos, ocurre bajo la gestión de la ombudsperson Omega Istar Ponce Palomeque, quien desde diciembre de 2023 encabeza el organismo con el respaldo de sus padrinos políticos: Carlos Joaquín, Marco Antonio Toh Euán y el ex político Hernán Villatoro Barrios.
Pero más allá del origen político, lo que pesa es el desempeño. Y ahí el saldo es preocupante.
Las recomendaciones a instancias de gobierno, procuración de justicia y seguridad pública —la razón de ser de la Comisión— están prácticamente ausentes. Supervisiones en pausa. Actividad defensora disminuida. Silencio institucional donde debería haber firmeza.
Mientras tanto, al interior, lo que describen trabajadores es hostigamiento laboral, malos tratos, presión constante, instalaciones deficientes, edificios deteriorados y un ambiente que califican como insostenible. Personal que ha tenido que renunciar por salud mental antes que soportar los arranques y el desprecio con el que dicen ser tratados.
Un caso concreto lo confirma: la renuncia irrevocable presentada el 6 de febrero de 2026 por uno de sus colaboradores, de quien tenemos el original de su renuncia y que venía laborando en la Comisión en el área de Vinculación, reconocido funcionario público y activista, incluso con reconocimientos por parte de la sociedad civil.
El extrabajador refiere en su renuncia dirigida a Omega que no es una salida simple. Es una renuncia con causa, sustentada en los artículos 47, 51 y 53 de la Ley Federal del Trabajo. Denuncia hostigamiento, represalias, violación a la NOM-035-STPS-2018 sobre riesgos psicosociales y un hecho grave: la no renovación formal de contrato mientras se le exigía seguir laborando.
Eso jurídicamente implica posible incumplimiento patronal. Y políticamente es demoledor: un funcionario de una Comisión de Derechos Humanos acusa a esa misma institución de vulnerar sus derechos laborales.
Es como si la dirección de bomberos estuviera en manos de un pirómano. La Comisión parece estar atrapada en una contradicción insostenible. Incluso se señala que la contraloría interna no se salvó de decisiones abruptas. “No deja títere con cabeza”, dicen quienes piden anonimato por temor a represalias.
Por ello, estamos ante un tema de carácter fuerte o liderazgo rígido. Estamos ante un problema de legalidad, congruencia y ética pública.
Urge auditoría financiera. Urge revisión administrativa. Urge que el Congreso del Estado ejerza su facultad de supervisión y pida cuentas.
Porque cuando el organismo que debe proteger derechos se convierte en presunto generador de miedo interno, la legitimidad no se erosiona poco a poco: se desploma.
Y eso, en política, tiene consecuencias.
