El Departamento de Justicia de EE.UU. amplía cargos contra servidores públicos por apoyo a cárteles.
La administración del presidente Donald Trump ha instruido a fiscales federales de Estados Unidos para emplear leyes antiterroristas en las investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, según un reporte exclusivo del New York Times.
Esta directriz fue comunicada en una teleconferencia interna encabezada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, quien pidió intensificar la ofensiva judicial contra servidores públicos mexicanos sospechosos de colaborar con grupos criminales.
La estrategia va más allá de imputaciones por delitos relacionados con drogas, incluyendo cargos por supuesto apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas por Washington. Esta expansión legal forma parte de la política estadounidense para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Este cambio surge en el marco de la postura dura adoptada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, quien firmó una orden ejecutiva para designar a ciertos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, permitiendo nuevas acciones judiciales y de seguridad.
El reporte destaca que esta orden del Departamento de Justicia no había sido revelada públicamente y se dio apenas dos semanas después que fiscales en Nueva York presentaran cargos contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos en funciones y retirados.
La medida anticipa un posible aumento en la tensión bilateral debido al alcance extraterritorial de las acciones judiciales y al impacto político de las acusaciones contra autoridades mexicanas. Esta postura refleja un endurecimiento estadounidense para vincular a presuntos colaboradores con el crimen organizado en figuras legales reservadas tradicionalmente para casos de terrorismo.
