Un reporte del New York Times señala que fiscales federales recibieron instrucciones para intensificar casos contra servidores públicos de México presuntamente relacionados con cárteles, en medio de la investigación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.
Estados Unidos ha dado instrucciones a fiscales federales para reforzar las investigaciones y judicialización de casos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, con la intención de utilizar leyes antiterroristas para presentar cargos más severos, según un reporte del New York Times.
La indicación fue emitida por Aakash Singh, subfiscal general adjunto, durante una teleconferencia con fiscales de distrito, donde se pidió aumentar significativamente las acusaciones contra servidores públicos mexicanos que se sospecha protegen o facilitan actividades de grupos criminales.
La estrategia contempla procesar a estos funcionarios no sólo por delitos relacionados con el narcotráfico, sino también por apoyo material a organizaciones criminales clasificadas el año pasado como grupos terroristas en Estados Unidos, lo que podría acarrear penas más severas.
Este cambio en el enfoque legal ocurre en un contexto político delicado tras la apertura de una investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios. Posteriormente, Rocha Moya solicitó licencia, y su exsecretario de Seguridad fue detenido en Arizona.
El avance de estos procesos judiciales tiene implicaciones diplomáticas y políticas, especialmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que las acusaciones podrían generar presiones internas y complicar la relación con Washington.
Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, advirtió que la posible imputación de funcionarios ligados al partido gobernante Morena podría intensificar las tensiones políticas.
Este endurecimiento refleja un cambio en la relación bilateral en materia de seguridad, con un enfoque más agresivo hacia las redes de protección política del crimen organizado y la ampliación del marco legal para perseguir estos ilícitos.
