El decreto 835 ordena a ciudadanos y compañías chinas alinearse con Beijing ante leyes extranjeras consideradas injustificadas.
Beijing impone a ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el extranjero cumplir sus leyes por encima de las normativas de cada país, mediante el Decreto N° 835, denominado “Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”.
La medida, impulsada por el régimen conducido por Xi Jinping, obliga a organizaciones y personas chinas fuera del país a alinearse con lo que el gobierno define como una respuesta frente a la “jurisdicción extraterritorial injustificada” de otros Estados.
Qué establece el decreto
En su Artículo 6, el decreto señala que el departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, junto con otros organismos, identificará medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras.
El texto agrega que las organizaciones y personas podrán proponer el inicio del procedimiento de identificación. Para ello, se tomarán en cuenta factores como si la medida infringe el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales; si existe una conexión apropiada entre el acto sometido a jurisdicción extraterritorial y el Estado extranjero que pretende ejercerla; si la medida perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China, o lesiona los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas; y cualquier otra circunstancia que deba ser considerada.
Cuando se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente esa determinación. A partir de ese momento, ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas.
Sin embargo, cuando por circunstancias especiales un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado.
Riesgos para empresas y ciudadanos chinos en el exterior
El alcance del decreto coloca a empresas, instituciones y ciudadanos chinos en una situación de conflicto legal cuando deban responder tanto a la ley local como a las disposiciones de Beijing.
Según el texto, el régimen podrá ejercer “jurisdicción extraterritorial” cuando exista una “conexión apropiada” con China. Ese concepto no está definido y puede abarcar a ciudadanos chinos, empresas, filiales, financieras, tecnología y datos.
Además, las autoridades chinas podrán identificar medidas extranjeras, prohibir su cumplimiento, ordenar inspecciones a empresas y particulares, imponer entrevistas, ordenar no cumplir la norma, sancionar a esas empresas, restringir inversiones y congelar activos.
Los Artículos 12 y 13 obligan a las compañías a cooperar con las investigaciones y obedecer las órdenes administrativas. La negativa a colaborar podría derivar en sanciones. En el texto no se enumeran garantías procesales comparables a las de sistemas con control judicial independiente sobre la administración.
El Artículo 14 también alienta a generar denuncias entre entidades afectadas por quien cumpla leyes extranjeras. “Cuando una organización o persona ejecute o colabore en la ejecución de medidas extranjeras de jurisdicción extraterritorial injustificada, lesionando con ello los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán interponer, conforme a la ley, una demanda ante los tribunales populares para solicitar el cese de la infracción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos”, establece.
El caso de Panamá y la presión de Beijing
La nota recuerda que esta lógica ya generó tensión en Panamá, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company, filial de la empresa china CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal.
El fallo calificó el acuerdo de “leonino” y lesivo para los intereses del país, lo que derivó en un conflicto bilateral y en presión de Beijing sobre la nación centroamericana. El régimen respondió con una serie de contramedidas comerciales contra empresas panameñas y exigió al gobierno de José Raúl Mulino desatender la decisión del máximo tribunal.
La presidenta de la Corte panameña, María Cristina Chen Stanziola, respondió con una declaración en la que afirmó: “Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión”.
El Decreto N° 835, concluye la nota, funciona no sólo como una herramienta para mantener bajo control legal a las empresas chinas, sino también como una advertencia para los países que hacen negocios con China.
