En una nueva y controvertida declaración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno analiza la posibilidad de implementar un programa de autodeportación financiada para migrantes indocumentados. El mandatario lo anunció durante una entrevista con la cadena Fox News, asegurando que contempla otorgar una ayuda económica y un pasaje aéreo a quienes decidan abandonar voluntariamente el país.
“Queremos hacer un programa de autodeportación… Les vamos a dar algo de dinero y un boleto de avión, y vamos a trabajar con ellos”, afirmó Trump ante las cámaras. Aunque el plan aún no está definido formalmente, la intención del presidente es clara: reducir la población migrante indocumentada no sólo mediante la fuerza, sino también con incentivos financieros.
Trump precisó que el programa estaría enfocado en personas “buenas” —según sus propias palabras—, y añadió que incluso se valoraría la posibilidad de permitirles regresar legalmente al país en un futuro. “Si son buenos, si queremos que regresen, trabajaremos con ellos para que regresen tan rápido como podamos”, dijo.
Este anuncio se enmarca en la serie de acciones contundentes que Trump ha ejecutado desde que retomó la presidencia en enero de este año, tras su reelección en 2024. Fiel a su discurso antiinmigrante, ha prometido llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia del país, reforzando el despliegue militar en la frontera con México, incrementando las redadas y los arrestos, y endureciendo los procedimientos de expulsión.
Uno de los movimientos más duros de su nueva administración ha sido el traslado forzado de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos sin historial delictivo, a una megacárcel en El Salvador, una medida calificada por expertos como inédita y alarmante. La cadena CBS reveló que estos traslados se realizaron bajo el amparo de una ley arcaica del siglo XVII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada previamente en contextos bélicos para justificar detenciones y expulsiones sin el debido proceso.
Organizaciones de derechos humanos en EE.UU. y América Latina ya han comenzado a presentar demandas legales para frenar el uso de esta legislación, argumentando que vulnera los principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración.
El posible programa de autodeportación ha generado una ola de reacciones en diversos sectores. Para algunos analistas, se trata de una estrategia para suavizar la imagen del gobierno ante las críticas internacionales por su política migratoria, ofreciendo una “salida digna” a quienes de otro modo serían detenidos o expulsados por la fuerza. Para otros, es una medida cínica que intenta disfrazar el endurecimiento de las políticas migratorias con un falso humanismo.
Desde México, autoridades no han emitido una postura oficial, pero la noticia ya ha provocado inquietud en redes sociales y entre organizaciones de apoyo a migrantes, quienes alertan sobre un posible aumento en los retornos forzados y una presión adicional para los países de origen, muchos de los cuales no cuentan con estructuras para recibir a miles de personas expulsadas de EE.UU.
Esta no sería la primera vez que un gobierno estadounidense considera una política de “autodeportación” pagada. Programas similares se han explorado en administraciones pasadas, aunque ninguno con el nivel de proyección ni la agresividad retórica que ha caracterizado a la gestión de Trump.
La Casa Blanca no ha detallado cuánto dinero podría ofrecerse por migrante ni cuántas personas serían elegibles para el programa. Tampoco ha precisado si el plan sería opcional, temporal o escalonado.
Por lo pronto, el mensaje es claro: Trump no solo quiere sacar a los migrantes, ahora también está dispuesto a pagar por ello. Una jugada que, según expertos, busca reforzar su imagen de firmeza ante sus seguidores, pero que podría tener consecuencias imprevisibles en materia de derechos humanos, relaciones internacionales y estabilidad social en América Latina.
