La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó una investigación a fondo tras la polémica detención de José Luis Aranza Aguilar, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, quien fue arrestado brevemente por elementos de la policía estatal en Ciudad Victoria.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que Aranza denunció haber sido víctima de un montaje, afirmando que los policías estatales le habrían sembrado un arma al momento de su detención.
“Él asegura que no llevaba nada y que, en todo caso, le estaban plantando un arma. Lo que pedimos desde el Gabinete de Seguridad es que la Fiscalía del estado investigue qué fue lo que ocurrió”, puntualizó la mandataria.
Detención sin fundamentos claros
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que Aranza Aguilar y su chofer, Jesús Adrián Sánchez, fueron detenidos por una coincidencia con las características de un vehículo reportado en el sistema C4. No obstante, tras una inspección visual al automóvil, no se encontraron indicios de delito, y ambos fueron liberados minutos después.
La autoridad estatal no explicó los motivos precisos de la revisión, aunque sí se verificó en la base de datos nacional (Plataforma México) que tanto los ocupantes del vehículo como el mismo automóvil no presentaban ningún reporte o irregularidad.
Llamado a rendir cuentas
Sheinbaum fue clara al afirmar que, si se confirma la versión del delegado, los elementos policiales implicados deben ser sancionados conforme a derecho.
“Si realmente fue un grupo de policías que actuaron indebidamente, que se sancione. Y que se investigue con rigor. No se puede permitir el abuso de autoridad en ninguna institución”, subrayó.
¿Qué sigue?
La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas deberá esclarecer lo sucedido y determinar si hubo abuso de poder o un intento de incriminación. El caso ha generado especial atención al tratarse de un funcionario federal y en un contexto de tensión recurrente entre los gobiernos estatal y federal.
Este incidente también revive el debate sobre la actuación de cuerpos de seguridad estatales y los límites del poder policial ante figuras del Gobierno de la República.
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