La XVII Legislatura del Estado aprobó reformas a ordenamientos en materia de adopciones, obras públicas, educación y primeros auxilios, además de expedir una nueva Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado.
En sesión ordinaria, el Pleno aprobó el dictamen por el que se reforman diversas fracciones de la Ley de Educación del Estado, a fin de facultar a la Secretaría de Educación para que, en coordinación con otras instancias, brinde cursos de prevención de accidentes y primeros auxilios al personal docente de las instituciones educativas del Estado.
Además, se sometió a su consideración el dictamen por el que se reforman el artículo 16 y la fracción I del artículo 18 de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo, a fin de eliminar de la Ley de Adopción del Estado todas las porciones normativas que hagan referencia a la posibilidad de que una persona mayor de edad pueda contraer matrimonio o concubinato con una persona menor de edad.
Por otra parte, la Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado, que refuerza y reestructura el marco normativo respecto del servicio inmobiliario que se presta en la entidad, a fin de regular y garantizar las operaciones inmobiliarias, brindar seguridad jurídica a las inversiones y al patrimonio de las y los quintanarroenses.
De esa forma, se abroga la actual ley en la materia para expedir una nueva Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios para el cumplimiento de los propósitos con que fuera diseñado el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, corregir y/o facilitar algunos de los contenidos normativos para que permitan mejorar la interpretación sistemática y su función reguladora.
Finalmente se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para actualizarla acorde con lo establecido en el artículo 28 de la misma, en el que se establecen los requisitos mínimos que deben contener las bases que emitan las instancias convocantes.
