Arizona amplía muro fronterizo pese a rechazo indígena

La Nación Tohono O’odham denunció que el proyecto de 100 kilómetros viola su soberanía y afecta sitios sagrados.

La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México comenzó en Arizona, impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O’odham, que considera que el proyecto viola su soberanía.

La comunidad indígena interpuso una demanda contra el nuevo tramo, pero fue desechada. La tribu sostiene que la obra amenaza el medioambiente y resulta innecesaria ante la caída del “95 por ciento” en las detenciones migratorias en ese sector.

Rechazo indígena al proyecto Tucson 5

Verlon José, presidente de ese territorio tribal, afirmó a EFE que la comunidad ha protegido históricamente su tierra. “Siempre hemos protegido nuestra tierra, nuestra comunidad, mucho antes de que esta nación fuera establecida y aún hoy nuestro deber es seguir protegiendo la tierra”, dijo sobre el proyecto ‘Tucson 5’.

Durante décadas, este resguardo indígena que comparte parte de la frontera entre Arizona y México se ha opuesto a la construcción de un muro físico dentro de su territorio. De acuerdo con la comunidad, la obra afectará el tránsito de sus propios miembros, muchos de los cuales viven a ambos lados de la frontera y la cruzan con frecuencia para participar en ceremonias religiosas, peregrinaciones o visitar a familiares.

La Nación Tohono O’odham también advierte que la construcción del muro podría destruir sitios ceremoniales considerados como “sagrados” y cementerios ancestrales.

El fallo judicial y la postura de CBP

La demanda presentada por la Nación Tohono O’odham buscaba frenar la construcción de una barrera de doble capa de acero y concreto, de unos 9.1 metros de altura, al considerar que viola su soberanía al alterar los límites de sus terrenos. Sin embargo, el pasado agosto una jueza federal en Washington falló en contra al determinar que la tribu no pudo demostrar que el Gobierno de Trump estuviera violando su soberanía.

La decisión se basa en un decreto emitido en 1907 por el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que establece una franja de terreno de 18.3 metros de ancho a lo largo de la frontera con México, desde California hasta Nuevo México, considerada como “terreno de uso federal” con el propósito de combatir el narcotráfico.

Semanas después de ese fallo, contratistas y agentes armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se presentaron de forma sorpresiva a finales de agosto dentro del territorio tribal. De acuerdo con CBP, actualmente se realizan trabajos de medición y toma de muestras de tierra en el área, donde ya se observa la presencia de maquinaria pesada.

El comisionado de CBP, Rodney Scott, anunció la reactivación del proyecto ‘Tucson 5’, que, según aseguró, permitirá “cerrar” uno de los corredores irregulares más utilizados para el tráfico de drogas y de migrantes indocumentados en la frontera con México.

Apelación y protestas en la zona

José indicó que la Nación Tohono O’odham ha cooperado durante años con el gobierno federal en la vigilancia de la frontera, permitiendo la entrada de agentes de la Patrulla Fronteriza y colaborando con sus operaciones de seguridad nacional. “En los últimos dos años los arrestos se han reducido en un 95 por ciento, no vemos por qué la necesidad ahora de construir el muro”, enfatizó.

La congresista de Arizona Adelita Grijalva dijo a EFE: “Esto no se trata de la construcción de un muro o de seguridad nacional, se trata de la violación de los derechos de la Nación Tohono O’odham, su cultura y sus sitios ancestrales”. Grijalva, junto con otros congresistas demócratas, hizo un llamado a CBP para pedir un alto a la construcción del proyecto.

En medio de la disputa se encuentra el manantial de Quitobaquito, en el sur de Arizona. Aunque está fuera del territorio indígena, es un sitio de importancia cultural para este pueblo, que lo considera un lugar sagrado. Además, su laguna, ubicada en terrenos del gobierno federal, es un refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.

José aseguró que el resguardo mantiene su lucha legal en los tribunales y ha apelado la decisión de la corte. También señaló que miembros de la tribu observan diariamente los trabajos que realizan los contratistas y agentes de CBP, y que algunos incluso encienden fogatas por las noches para llevar a cabo ceremonias pacíficas.

“Existe una gran frustración, pero también desilusión por la falta de respeto a nuestra cultura, es como si nuestras creencias y nuestros antepasados no tuvieran ningún valor”, lamentó José.

Con información de EFE

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