En un hecho legislativo que fortalece los derechos humanos en Quintana Roo, el Congreso local —conocido como la Legislatura de la Justicia Social— aprobó una reforma al Código Penal del Estado para garantizar de manera explícita el derecho a la libre manifestación del pueblo organizado sin que ello implique limitar el derecho a la movilidad.
Con esta reforma, el Código Penal del Estado se armoniza con el marco constitucional nacional e internacional, reconociendo que las expresiones sociales y manifestaciones públicas son una herramienta legítima de exigencia de derechos y no deben ser criminalizadas bajo ninguna circunstancia.
El objetivo de esta medida es claro: evitar que se utilice la ley penal como un mecanismo de represión contra protestas, marchas o bloqueos realizados por ciudadanos organizados que buscan visibilizar injusticias o exigir respuestas institucionales.
Protección a personas mayores y servidores públicos
Dentro del mismo paquete de reformas, el Congreso también aprobó una nueva agravante para el delito de homicidio y lesiones dolosas, que se aplicará cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años o bien un prestador de servicios públicos o privados, durante el ejercicio de sus funciones. Esta modificación aumenta la pena en dos terceras partes, reconociendo la condición de vulnerabilidad o exposición de estos sectores.
Con esta disposición, el Congreso responde a la creciente preocupación por actos de violencia cometidos contra adultos mayores y servidores que enfrentan riesgos cotidianos en el cumplimiento de su deber, como paramédicos, transportistas, repartidores, personal de limpieza o agentes de seguridad.
Lectura de iniciativas clave para el desarrollo social
Durante la sesión ordinaria número 18, también se dio lectura a una serie de iniciativas relevantes. Entre ellas, destaca la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, propuesta por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la cual tiene como propósito brindar certeza jurídica a propietarios cuyos terrenos o inmuebles puedan verse involucrados en procesos de utilidad pública.
Asimismo, se leyó la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de Playa del Carmen, que busca incluir en la Ley de los Municipios del Estado una nueva comisión edilicia enfocada en los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con el fin de institucionalizar la defensa y promoción de los derechos de las infancias desde los cabildos municipales.
Licencias permanentes bajo evaluación
Otro punto destacado fue la presentación de una iniciativa del diputado José Luis Pech Várguez, quien propuso modificar la Ley de Movilidad del Estado para permitir el otorgamiento de licencias de conducir con vigencia permanente, siempre y cuando el solicitante cumpla con requisitos específicos y apruebe evaluaciones rigurosas.
Esta iniciativa busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa para los ciudadanos y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de evaluación y seguridad vial.
Legislación con rostro humano
La serie de reformas e iniciativas presentadas en esta jornada legislativa demuestran una voluntad clara por avanzar hacia un marco jurídico más justo, moderno y sensible. Con estas acciones, el Congreso de Quintana Roo se alinea con los principios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, impulsado desde el Poder Ejecutivo, y responde a las demandas sociales con soluciones concretas.
Las voces ciudadanas, las causas sociales y los derechos de grupos históricamente desprotegidos siguen ganando espacio en la agenda legislativa, gracias a un Congreso que, en palabras de sus propios integrantes, escucha, actúa y legisla con sentido de justicia social.
