El fallo frena el intento de Donald Trump de limitar la nacionalidad automática para hijos de migrantes, incluidos nicaragüenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento, con lo que miles de familias migrantes, incluidas numerosas de origen nicaragüense, conservarán el acceso automático a la nacionalidad estadounidense para sus hijos nacidos en ese país.
La resolución reafirma la protección de la Decimocuarta Enmienda y confirma que el estatus migratorio de los padres no afecta el derecho a la nacionalidad de quienes nacen en territorio estadounidense.
Fallo con mayoría de seis magistrados
La decisión fue adoptada por una mayoría de seis magistrados. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión principal, respaldado por los tres jueces liberales y la jueza Amy Coney Barrett. El juez Brett Kavanaugh apoyó el resultado, aunque expuso fundamentos distintos. En contraste, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch respaldaron la postura del expresidente Trump.
La orden ejecutiva invalidada proponía limitar la ciudadanía automática únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Sin embargo, esa iniciativa nunca llegó a implementarse, pues fue bloqueada por recursos presentados por estados, organizaciones de defensa de inmigrantes y familias directamente afectadas.
Debate constitucional sobre la ciudadanía por nacimiento
El núcleo del conflicto legal fue el significado de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción tiene derecho a la nacionalidad. El tribunal determinó que este principio garantiza la ciudadanía automática para casi todos los nacidos en el país, con mínimas excepciones.
Roberts señaló que “existen escasas pruebas que respalden esta visión drásticamente revisionista”, desestimando la base jurídica del planteamiento presidencial, según detalló 100% Noticias.
El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la política migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump. Además, refuerza la vigencia de un sistema jurídico basado en el jus soli, es decir, la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio, en contraste con el jus sanguinis aplicado en otros países, donde el derecho se transmite por ascendencia.
Impacto para familias nicaragüenses
Harold Rocha, titular del Fondo Nicaragüense-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (NALDEF), calificó la decisión como la reafirmación de “casi dos siglos de jurisprudencia que interpreta la Decimocuarta Enmienda como una garantía incontestable del derecho a la nacionalidad por parte de toda persona nacida en el territorio nacional”.
El jurista consideró previsible el resultado por la abundancia de antecedentes, pero remarcó el hecho de que tres magistrados estuvieran dispuestos a explorar una interpretación que habría restringido derechos a los hijos de migrantes sin residencia legal. Rocha subrayó que un cambio de ese tipo “hubiese quebrantado no solamente casi dos siglos de jurisprudencia, sino que sustancialmente hubiese alterado un concepto de fondo que se aplica en el derecho consuetudinario”.
Advirtió, además, sobre los límites al poder presidencial: “No se prestó mucho análisis al hecho de que un presidente no tiene constitucionalmente la potestad de enmendar la Constitución a través de un decreto ejecutivo”.
El abogado recordó que cualquier modificación de este principio debe pasar por el poder legislativo y requerir el aval de las legislaturas estatales, un proceso mucho más complejo que la emisión de una orden ejecutiva.
Aunque la decisión mantiene el derecho vigente, Rocha anticipó que la cuestión podría reabrirse si la composición del tribunal cambiara en el futuro, lo que dejaría abierta la posibilidad de nuevas interpretaciones, según subrayó 100% Noticias.
La vigencia del derecho a la ciudadanía por nacimiento resulta especialmente relevante para las familias nicaragüenses que han ingresado a Estados Unidos en los últimos años, muchas de ellas a través de solicitudes de asilo, programas humanitarios o con trámites migratorios pendientes. El fallo asegura que sus hijos seguirán protegidos por una garantía constitucional que forma parte del sistema legal estadounidense desde hace más de 150 años.
