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“EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL»

Los orígenes de este Instituto tienen que ver con los conflictos postelectorales derivados de la elección de 1988 que propiciaron una primera gran reforma a la Constitución Federal (CPEUM) aprobada en el año de 1990, con el que se sustituía a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación; sucesos que “colmaron el vaso” de las peticiones y reclamos de los distintos actores políticos y sociales de la época que demandaban un más transparente, equitativo y justo sistema que acercara los procesos electorales mexicanos a una verdadera democracia.

Producto de dicha reforma, el 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral (IFE) se constituyó formalmente como el organismo imparcial para dotar de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales con competencia en todo el territorio nacional, con órganos centrales localizados en la capital del País, y locales en cada una de las entidades federativas y órganos distritales ubicados en cada uno de los distritos uninominales federales en los que se encuentra dividido ese territorio.

A partir de la creación del IFE la normatividad constitucional y legal en la materia ha experimentado importantes procesos de reforma en 1993, 1994, 1996 y 2007, que han impactado de manera significativa la integración y atributos del organismo depositario de la autoridad electoral.

Para el año de 2013, debido a un acuerdo político del llamado Pacto por México, se sometió a la aprobación del Congreso una propuesta en la que se planteó Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales (Punto 5.4) de donde derivó el actual apartado A, de la fracción Quinta, del Artículo 41 de la CPEUM; en el que se crea un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. Precepto que establece igualmente sus principios rectores: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

La reforma constitucional de 2014 estableció una nueva distribución de competencias entre las autoridades administrativas electorales a partir de un gran consenso político cuyo objetivo, se dijo, fue homogeneizar las funciones electorales en todo el país.

La desaparición del IFE y su sustitución por el INE tuvo como objetivo generar condiciones homogéneas en la organización y desarrollo de los procesos electorales del país. En la exposición de motivos de la reforma constitucional puede advertirse tres elementos que detonaron el cambio del sistema electoral federal por uno nacional: a) excesiva intervención de poderes económicos, políticos y sociales en los procesos electorales estatales; b) Instituto Electorales locales con poca o nula autonomía y poco capacitadas; y c) credibilidad del IFE ante la sociedad en los trabajos de organización y conducción de los procesos electorales federales.

Así, el actual Instituto Nacional Electoral (INE) se erige como la máxima autoridad electoral del Estado Mexicano que, además de llevar a cabo las elecciones federales, tiene a su cargo el organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México; y realizar una serie de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía, tales como fiscalizar a todos los actores políticos

nacionales y locales, promover la cultura cívica; procurar justicia electoral; dirigir el desarrollo de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; asesorar en materia jurídico electoral.

El Consejo General es el órgano superior de dirección de todo el Instituto, responsable de velar por el cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y asegurarse que se respeten sus principios rectores y sean los que guíen las actividades de la institución.

Lo integran, un 1 Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales. También con voz, pero sin voto: Los Consejeros del Poder Legislativo, un representante por cada fracción parlamentaria representada en el Congreso de la Unión y; un representante por cada partido político nacional que cuente con reconocimiento legal.

Hoy, el INE se encuentra bajo una presión sin precedentes, no solamente desde las más altas esferas políticas del país sino amenazados sus consejeros por candidatos incumplidos, sancionados por el INE, que ponen a prueba, tal vez como nunca antes en el México moderno, no sólo a la Institución sino a los propios integrantes del Instituto, a los que, dicho sea de paso, debe el Estado mexicano garantizarles su integridad, en todos los aspectos, para el correcto desempeño de las funciones y atribuciones y en sus vidas personales.

El avance que México ha tenido en materia electoral a partir de 1990 son incuestionables. El INE, es la materialización de luchas y diversas demandas políticas y sociales; su labor ha traído certeza a los procesos electorales y el reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha sido un coto, un freno, un instrumento para hacer que las disposiciones legales electorales se respeten, a pesar de todas las presiones que de suyo tiene el ser el árbitro, función que, en materia electoral, necesariamente, dejará partes sin el resultado favorable pretendido.

Pero es, sobre todo, un logro de la sociedad mexicana organizada, representada en organizaciones civiles y partidos políticos, que busca y aspira a tener Instituciones sólidas, autónomas, fuertes, que nos brinden la certeza y la seguridad legal y fáctica de que quienes participan con el afán de obtener el honroso privilegio de gobernarnos, sean en primer término respetuosos de las reglas del juego, que “lleguen” los que fueron favorecidos por el voto mayoritario, que lo hagan sin hacer trampa; y que quienes los elegimos lo hagamos de una manera más informada y con pleno conocimiento de esas reglas. En eso, sin dejar de reconocer que la tarea aun no se ha agotado, el INE ha cumplido satisfactoriamente. La pretendida democracia requiere de la participación de todos. Toca hacer nuestra parte para que, Instituciones como ésta, se perfeccionen y más; que prevalezcan.

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