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EL TRIBUNAL ELECTORAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), integrante de esa triada que en su conjunto han ido construyendo en nuestro país un sistema electoral veraz con procesos electorales sólidos, certeros y creíbles.

Su base jurídica se encuentra en el Artículo 99 de la Constitución Federal y se vincula con los artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero de la propia Constitución General, así como con el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMI) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

En el ámbito federal, la creación de un sistema de justicia electoral inició en 1987, con el Tribunal Contencioso Electoral (TRICOEL) como un organismo autónomo de carácter administrativo. Posteriormente, con las reformas de 1990 y 1993, se transformó en un organismo jurisdiccional autónomo y máxima autoridad de la materia: el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) haciendo definitivamente a un lado la auto calificación política de las elecciones y de los colegios electorales que hasta entonces prevalecían en nuestro orden legal; dotando al sistema del control constitucional de los actos y resoluciones electorales debido a las sucesivas reformas a la CPEUM de 1996, 2007 y 2014.

Fue en reforma de 1996 en la que se implicó la creación del TEPJF, así como la ampliación de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer de acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes electorales, originalmente excluidas.

Es decir, el proceso de consolidación de un sistema contencioso electoral ha pasado por diferentes etapas; desde un modelo preponderantemente de auto calificación electoral sin recursos específicos de defensa de derechos políticos hasta la plena configuración de un sistema de justicia electoral constituido por un Tribunal Constitucional Electoral responsable de resolver las impugnaciones en dicho ámbito y de la garantía jurisdiccional de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como de las impugnaciones contra las instancias jurisdiccionales electorales de las entidades federativas, las cuales, a su vez, protegen los derechos político-electorales en tales entidades y califican las elecciones locales.

También se adecuó el ordenamiento interno a las exigencias convencionales respecto al derecho a un recurso judicial efectivo para la defensa y protección de los derechos políticos, que antes de la reforma de 1996 carecían de una adecuada protección ante la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral.

Igualmente, en la reforma de 1996, se define la naturaleza del tribunal electoral como instancia jurisdiccional e identifica su adscripción al Poder Judicial como un órgano especializado (no un tribunal especial, prohibido por al artículo 13 constitucional), y como la máxima autoridad en la materia (salvo lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la CPEUM).

Por último, debe tenerse presente que, debido a lo que prescribe nuestro actual artículo primero de la Carta Magna, relacionado con el 128 del mismo ordenamiento mediante el cual ahora se impone la subsidiariedad respecto del sistema convencional de protección de los derechos humanos

y consecuentemente la obligatoriedad de respetar y hacer respetar estos derechos; se implica que el TEPJF es la última instancia para efecto del agotamiento de los recursos internos en el ámbito nacional antes de acudir a una instancia internacional para reclamar la posible violación a tratados internacionales de los que México es Estado parte.

En una entrega previa señalábamos el aporte que desde nuestra óptica ha tenido el INE en la construcción de un sistema electoral verosímil, mismo que ha resultado un modelo ha seguir en más de una nación con pretensiones de construir sistemas electorales fiables. En este mismo orden de ideas se fue construyendo, como se ha repasado brevemente en la presente aportación, un segundo elemento, el TEPJF, integrante de ese trío virtuoso que ha contribuido en México a ir edificando un sistema electoral sólido. El otro es la FEPADE que será motivo, de análisis, así sea breve, futuro.

También hemos ponderado lo valioso e importante que resulta para un pretendido sistema democrático, los contrapesos entre los distintos poderes y los órganos y organismos autónomos.

De cara a lo que será la elección más grande que nuestro país enfrentará, no cabe duda de que el papel que realice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será de vital importancia.

En el pasado reciente ha emitido resoluciones que, a juicio de muchos entendidos de la materia, han obedecido más bien a presiones e influencias venidas de entes con más Poder, así como a ataques y referencias inductivas provenientes igualmente de fuera, vulnerando su autonomía. Aunque es de reconocerse también que, en recientes resoluciones, ajustándose a pie juntillas a lo que la Ley precisa, resolvió confirmar lo que había determinado el INE respecto de candidatos que habían incumplido con lo que la norma establece; norma que vale recordar, fue impulsada y ratificada por los mismos partidos que hoy ocupan posiciones de poder y que protestaron cumplir y hacer cumplir.

Es de esperarse que quienes integran el TEPJF estén a la altura de las expectativas de toda la Nación, de todo el pueblo que forma esta gran Nación —a pesar de que existan diferentes apreciaciones y/o convicciones políticas o ideológicas— y no solo una parte; que hagan valer su autonomía y sobre todo que resuelvan conforme a lo que nuestro marco legal establece de manera puntual. No más, no menos.

Lo que está en juego en estas elecciones, va más allá de un sexenio, de un grupo de personas e incluso de una ideología. Que sea lo que la mayoría determine, así lo manda la democracia, pero que lo sea sin trampas, presiones, injerencias o imposiciones. ¡Que así sea!

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