Abogados, psicólogos y pedagogos respaldan la regulación en escuelas, pero advierten que debe tener reglas claras y no excluir a estudiantes.
El debate sobre prohibir o regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas de México no debe vulnerar el derecho a la autonomía de la niñez ni obligar a una exclusión tecnológica sin antes responsabilizar a las empresas encargadas de la arquitectura de estas plataformas, advirtieron expertos.
En una mesa de diálogo organizada por la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México, abogados, psicólogos y pedagogos respaldaron la medida de regular el uso de dispositivos tecnológicos en entornos educativos, una propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado junio.
Sin embargo, el abogado y especialista en derechos de la infancia Ricardo Ortega Soriano sostuvo que ninguna prohibición debe considerarse una panacea, ya que suelen derivar en el reduccionismo de problemas estructurales que, en este caso, involucran a grandes empresas tecnológicas como Meta, que actualmente enfrenta un juicio histórico por la supuesta adicción que generan sus plataformas.
Ortega Soriano recordó que, según la Unesco, más de 114 países han establecido límites en el uso de dispositivos en el contexto escolar por razones pedagógicas y de convivencia escolar.
Explicó que estas regulaciones, además de estar acompañadas de políticas públicas educativas integrales, deben ser proporcionales, de modo que no vulneren la integridad de los menores ni generen contextos de incomunicación.
Reglas claras y excepciones explícitas
La directora del Departamento de Psicología, Sandra Irma Montes de Oca, argumentó que la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo tendría que establecer reglas claras sobre cuándo, en qué espacios educativos y a qué estudiantes se aplicaría la prohibición, considerando que en países como Australia las redes sociales están prohibidas para menores de 16 años.
Además, señaló que debe especificarse si habrá excepciones explícitas en su aplicación, ya que estudiantes con autismo se han apoyado en los dispositivos tecnológicos para poder comunicarse y desarrollarse en los espacios educativos.
En estos casos, añadió, también se deberían considerar las medidas de emergencia y seguridad, puesto que los celulares se han convertido en la herramienta con la que niños y adolescentes se comunican con sus familiares.
“¿Cómo los padres se van a comunicar con los niños? La escuela debería tener medios institucionales para establecer esa comunicación”, destacó.
Montes de Oca insistió en que las reglas en esta materia deben ser “claras, consistentes y conocidas por toda la comunidad” para evitar “confiscaciones prolongadas, respuestas desproporcionadas o sanciones que terminan excluyendo al estudiante del aprendizaje”.
La medida no basta por sí sola
Asimismo, consideró fundamental que la iniciativa no se reduzca a “sacar los celulares” de las escuelas, pues esa medida no necesariamente se traduce en recuperar la atención que los alumnos han perdido en las aulas.
Por ejemplo, dijo, en Inglaterra las políticas restrictivas redujeron en aproximadamente 40 minutos el uso de celulares en la jornada escolar, pero no marcaron una diferencia en el bienestar emocional de los menores, quienes se conectaban a las plataformas digitales al salir de las aulas.
Los expertos coincidieron en que la regulación planteada en México y en otros países debería ocurrir solo si va acompañada de una política educativa integral que involucre a niños y adolescentes, pero también a sus familiares, docentes y, por supuesto, a las empresas tecnológicas y al Estado.
