Los países del Indo-Pacífico tienen una oportunidad para contrarrestar la creciente influencia económica de Beijing en la región latinoamericana.
China tiene un rival económico que aún no despertó. Es la potencialidad conjunta que los países que componen el Indo-Pacífico tienen para hacer frente a la amenaza que representa Beijing para sus intereses. Esta expansión no solo comprende una cuestión regional para esas naciones, sino que trasciende sus propias aguas continentales, incluyendo el papel de América Latina en ese escenario.
Durante las últimas dos décadas, China ha consolidado una creciente presencia en la región latinoamericana, no solo en términos comerciales, sino también en puertos, minería, energía, agricultura, infraestructura, telecomunicaciones, financiamiento y tecnología. Esta red de relaciones le ha permitido a Beijing ganar profundidad estratégica en una zona que fue considerada distante por buena parte de Asia.
El Partido Comunista Chino (PCC) ha avanzado de manera persistente con una estrategia clara de influencia. Su presencia en sectores esenciales ha multiplicado su control sobre infraestructuras, como se evidenció en el análisis del CSIS en 2025, que identificó participación de compañías chinas en la construcción y operación de decenas de puertos activos en América Latina.
Chancay en Perú es un ejemplo visible de esta nueva geografía económica. Su apertura en 2024 lo convirtió en un punto clave de las rutas comerciales entre China y América del Sur. Las discusiones sobre infraestructura ferroviaria que conectarían Brasil con Chancay muestran cómo la infraestructura china puede crear corredores económicos que atraviesan fronteras.
Sin embargo, no toda inversión extranjera es equivalente. La calidad del capital que llega, quién lo aporta y qué tipo de tecnología se transfiere son factores cruciales. En el caso chino, esta relación se ve compliciada por la legislación de la República Popular China, que establece vínculos entre las empresas y los objetivos de seguridad nacional del Estado.
Las nuevas normas chinas, como el Decreto 835, regulan la respuesta a lo que Beijing considera jurisdicciones extraterritoriales injustificadas, y el Decreto 837 coloca la seguridad nacional como principio de las inversiones exteriores. Esto plantea una pregunta legítima para cualquier gobierno latinoamericano: ¿qué sucede cuando los intereses comerciales de una compañía china entran en conflicto con lo que Beijing considera su seguridad nacional?
Los países competidores del régimen chino en el Indo-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia y Filipinas) aún no han aprendido a combinar sus fortalezas. Cada uno tiene capacidades únicas que pueden complementarse, desde tecnología y capital hasta recursos minerales y logística.
Una estrategia coordinada de inversión hacia América Latina podría comenzar por sectores donde las capacidades se complementan naturalmente: minerales críticos, energía, infraestructura portuaria y telecomunicaciones. No se trata de crear un bloque contra China, sino de ofrecer a América Latina más opciones.
La confianza no se construye solo con dinero, sino también con instituciones. Una red de cooperación económica puede ofrecer a América Latina la oportunidad de diversificar sus opciones y salir del esquema de opciones limitadas que China ha establecido.
