En una apuesta por consolidar el turismo como motor de desarrollo con justicia social, el senador Gino Segura, representante de Quintana Roo, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Turismo, con el objetivo de garantizar que todas las obras de infraestructura turística en el país respondan a una planeación coordinada y estratégica entre las instituciones competentes.
La propuesta busca que los megaproyectos turísticos —como carreteras, aeropuertos, caminos y puertos— se construyan no sólo con una visión técnica, sino también con enfoque turístico, desarrollo regional y equidad social, para maximizar su impacto en las comunidades donde se desarrollan.
“La Cuarta Transformación ha invertido como nunca antes en infraestructura con visión de desarrollo regional. Más de 800 mil millones de pesos en seis años han detonado el potencial del Sur-Sureste y del país entero”, afirmó el legislador, al enumerar proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el nuevo aeropuerto de Tulum, la carretera Oaxaca–Puerto Escondido, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Coordinación y corresponsabilidad institucional
Uno de los puntos clave de la iniciativa es establecer por ley la obligación de coordinación directa entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), para que ambos organismos trabajen de forma corresponsable en la planeación, ejecución y mantenimiento de proyectos de infraestructura que impacten destinos turísticos.
“Queremos que la inversión vial no sea aleatoria o centralizada, sino que responda a un criterio turístico, regional y social. Que cada kilómetro de carretera construido beneficie no sólo a los turistas, sino también a los habitantes de comunidades antes olvidadas”, subrayó Segura.
De la omisión neoliberal al desarrollo compartido
El senador afirmó que esta iniciativa representa una corrección histórica, al revertir el desinterés de gobiernos anteriores en utilizar la infraestructura como palanca de desarrollo equilibrado. Destacó que este nuevo marco legal servirá como instrumento permanente para que la transformación en curso no dependa solo de la voluntad política del momento.
“Queremos que esta transformación tenga raíces legales, no solo intenciones. Que la infraestructura no se concentre en los grandes polos de siempre, sino que llegue hasta donde antes no se llegaba, con obras que mejoren la calidad de vida de las comunidades”, puntualizó.
Un turismo para todos
La iniciativa se alinea con los principios de la Cuarta Transformación: bienestar social, equidad territorial y justicia económica. Según el legislador, al elevar a rango legal la articulación institucional en torno al turismo y la infraestructura, México podrá atraer inversión a nuevas regiones, fomentar la competitividad de nuevos destinos y asegurar que los beneficios del turismo se distribuyan de manera más justa.
“Es dotar al Estado de las herramientas para que el turismo, pilar de nuestra economía y parte de nuestra identidad, tenga la infraestructura que merece y necesita: una infraestructura al servicio del pueblo”, concluyó Gino Segura.
La propuesta ahora será turnada a comisiones, donde se espera que inicie su proceso legislativo con respaldo de diversas bancadas, dada la importancia estratégica del turismo para la economía nacional.
