El coordinador de las Mesas de Seguridad Ciudadana advierte que sin participación real de la comunidad y apoyo institucional no habrá avances sostenibles en materia de seguridad
“La ciudadanía también tiene responsabilidad.” Con esa frase clara y directa, James Tobin Cunningham, coordinador estatal de la Mesa de Seguridad Ciudadana, trazó el eje central de una propuesta que va más allá de diagnósticos o discursos: la seguridad no puede ser tarea exclusiva del gobierno; necesita del compromiso activo de todos.
En entrevista ofrecida el 13 de abril, Tobin recordó que actualmente existen mesas de seguridad ciudadana activas en nueve municipios de Quintana Roo, pero subrayó que todavía quedan retos importantes por resolver, especialmente en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, donde los intentos por consolidar estas estructuras no han prosperado.
La seguridad empieza con la participación
Desde nuestra perspectiva, este llamado cobra una relevancia especial en contextos donde los niveles de inseguridad no solo afectan la percepción ciudadana, sino que también inciden en la cohesión social. Las mesas de seguridad ciudadana son, en esencia, espacios de colaboración entre autoridades y sociedad civil. Pero, como bien explicó el coordinador estatal, su existencia depende del respaldo institucional de los gobiernos municipales.
“Por más voluntad que haya desde la ciudadanía, si no hay voluntad política desde lo local, es imposible avanzar”, afirmó Tobin. Y no se trata de delegar responsabilidades, sino de entender que la coordinación interinstitucional y social es condición indispensable para lograr resultados sostenibles.
Felipe Carrillo Puerto: un reto aún pendiente
Uno de los casos más complejos es el de Felipe Carrillo Puerto, donde ya se ha intentado en dos ocasiones la conformación de una mesa ciudadana. A pesar de los obstáculos, Tobin reconoce avances recientes, como la instalación de una base estatal de Seguridad Pública, lo cual podría facilitar la creación de un espacio de articulación ciudadana.
En su análisis, explicó que el miedo sigue siendo un factor determinante, sobre todo en zonas que han enfrentado conflictos, desigualdad o debilidad institucional. Y en esa realidad influye, dijo, el cambio demográfico provocado por la llegada masiva de trabajadores del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional de Tulum, lo cual ha transformado el tejido comunitario.
De la denuncia a la solución
La entrevista también permitió conocer algunos de los proyectos más relevantes impulsados en los últimos años, en colaboración con organismos internacionales como USAID, y con el respaldo de instituciones locales y federales. Uno de los más destacados es la plataforma de denuncia digital de la Fiscalía, que permite dar seguimiento en línea a los casos reportados.
A esta herramienta se suma el programa “Haciendo Barrio”, enfocado en el trabajo con niñas, niños y jóvenes en comunidades y escuelas. Este esfuerzo no solo busca generar entornos más seguros, sino también recabar información clave para anticipar riesgos y construir soluciones con base territorial.
También se han implementado estrategias como el call center para reportes ciudadanos, con atención especial en temas de trata de personas, y mecanismos de seguimiento que buscan canalizar las denuncias de manera más eficiente.
El problema no termina con denunciar
Uno de los señalamientos más contundentes de James Tobin fue sobre la persistencia de la impunidad, un tema que, en sus palabras, limita seriamente la efectividad del sistema de justicia. “No basta con que la gente denuncie si el agresor entra a proceso y en una semana ya está libre”, advirtió.
Esa frustración, común en muchas comunidades, erosiona la confianza en las instituciones y dificulta el fortalecimiento del Estado de derecho. Por ello, explicó, es indispensable que el sistema penal evolucione hacia esquemas donde la denuncia ciudadana tenga un verdadero impacto y no se diluya en procesos estériles.
Avances, pero también pendientes
A pesar de los desafíos, Tobin afirmó que existen mejoras medibles en comparación con años anteriores. En 2017, explicó, había más de 600 casos activos en ciertos delitos, mientras que hoy la cifra ronda los 300. Sin embargo, también dejó claro que los avances no son suficientes si no se acompañan de una estrategia integral y sostenida.
Y esa estrategia, recalcó, debe construirse con las comunidades, no desde la imposición externa. “Hay que acompañarlos, y acompañar cuesta”, dijo, en referencia a la necesidad de construir confianza, presencia institucional legítima y vínculos comunitarios que sostengan los procesos de seguridad ciudadana a largo plazo.
Un modelo de corresponsabilidad
El modelo que plantea Tobin Cunningham no es uno nuevo, pero sí urgente: la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones como base para un entorno más seguro, justo y sostenible. Y aunque las cifras muestran avances, lo que se necesita ahora es consolidar estructuras permanentes de participación, con recursos, formación y voluntad política.
Desde la sociedad civil, muchas personas ya están listas para aportar. Algunas lo hacen con conocimientos técnicos, otras con tiempo, otras más con recursos. Pero como señaló el propio coordinador, lo que no se necesita son participaciones simbólicas ni presencias para la foto: se requiere compromiso real.
Quienes han estado del lado de la denuncia saben que no basta con visibilizar el problema: hay que ser parte de la solución. Y en ese camino, la seguridad ciudadana deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una construcción colectiva que, como todo lo importante, necesita de todos.
