Ayer, 1 de junio de 2025, México marcó un hito sin precedentes: millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a 881 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este proceso, impulsado por la reforma judicial de 2024, busca transformar un sistema acusado de elitismo y corrupción, pero ha desatado un debate feroz sobre sus implicaciones. Como advertía Montesquieu, “no hay libertad si el poder judicial no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo”. Hoy, al reflexionar sobre la jornada de ayer, México se pregunta: ¿es este el amanecer de una justicia más cercana al pueblo o el preludio de una captura política?
Contexto histórico: la génesis de la reforma
La reforma judicial de 2024, promulgada el 15 de septiembre, fue el clímax de una batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Su origen se encuentra en 2023, cuando la SCJN invalidó reformas clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas decisiones llevaron a AMLO a acusar a los jueces de ser una “casta privilegiada”, proponiendo en febrero de 2024 un paquete de reformas constitucionales que incluía la elección popular de jueces. La idea, parte del “Plan C” de Morena, ganó tracción tras las elecciones de junio de 2024, cuando el partido y sus aliados obtuvieron mayoría calificada en el Congreso.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableció un proceso electoral extraordinario para 2025, organizado por el INE. Se crearon nuevos órganos, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, y se mandataron elecciones para 881 cargos federales y miles de locales en 19 estados. La reforma también impuso paridad de género, plazos máximos de resolución de seis meses y eliminó pensiones vitalicias.
La jornada del 1 de junio: un ejercicio inédito
Ayer, de 8:00 a 18:00 horas, los mexicanos votaron en 60 distritos judiciales. En total, se eligieron nueve ministros de la SCJN, dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 15 magistrados de Salas Regionales, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Además, en 19 estados se votó por 4,362 cargos locales. El INE instaló 84,123 casillas y empleó 1.55 millones de funcionarios.
Los resultados preliminares estarán disponibles el 12 de junio. Los definitivos, el 15 de junio. Hasta ahora, la participación ciudadana es incierta. Estimaciones previas proyectaban una participación entre 13% y 20%, similar a la consulta de revocación de mandato de 2022, aunque publicaciones en X señalan cifras tan bajas como 8%.
Pros: un paso hacia la justicia popular
Los defensores de la reforma, como Jaime Miguel Moreno Garavilla, argumentan que la elección popular democratiza un sistema históricamente opaco. “Si confiamos en el pueblo para elegir presidentes, ¿por qué no jueces?”, declaró. La Secretaría de Gobernación insiste en que se responde a un “clamor popular”.
La reforma obliga a resolver casos en seis meses, una medida celebrada por defensores de los derechos humanos. La paridad de género es también un avance, y la elección puede acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Según México Evalúa, solo el 16% de los mexicanos confiaba en los jueces antes de esta reforma.
Contras: el espectro de la politización
Las advertencias no son menores. Organismos como WOLA y México Evalúa señalan que la elección podría politizar la justicia, debilitando su independencia y empeorando la impunidad. Ernesto Villanueva considera que la reforma no resuelve la raíz de la corrupción. Edna Jaime la califica como “un dilema democrático”.
Según Nexos, el 68% de los 3,423 candidatos no provenían del Poder Judicial. Esto plantea dudas sobre su preparación. Además, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría usarse como herramienta política contra jueces independientes.
Retos: confianza y estabilidad
La elección enfrenta múltiples desafíos. La oposición criticó el proceso y llamó al abstencionismo. Manifestantes lo calificaron de “funeral de la democracia”. Como decía Alexis de Tocqueville, “la confianza en las instituciones es el cimiento de la democracia”, y hoy esa confianza está en crisis.
Logísticamente, el INE enfrentó retos: boletas confusas, poca información sobre los candidatos y denuncias de acarreo. México Evalúa estima que el 71% del sector empresarial espera un entorno más inestable en 2025.
Una justicia popular… ¿o popularizada?
La elección de ayer es histórica, pero plantea una pregunta urgente: ¿puede sobrevivir un Poder Judicial independiente cuando se subordina a la lógica electoral? El éxito dependerá de la transparencia en los resultados y de la capacidad de los jueces electos para resistir presiones. Como decía Hannah Arendt, “el poder no reside en las urnas, sino en la acción colectiva para proteger la libertad”. México ha dado un paso audaz; el destino de su justicia apenas comienza a definirse.
