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LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

POR: URIEL JARQUIN GÁLVEZ/SERGIO ANGUIANO SOTO

Si pensamos en personajes de mala fama de nuestro pasado autoritario vienen a la mente los “judiciales”. Elementos adscritos a las procuradurías que actuaban con total arbitrariedad. Eran agentes que ejecutaban órdenes de sus superiores, pero también actuaban por cuenta propia y para sus propios fines. No tenían límites. Su función esencial era amedrentar a los disidentes del régimen para que se mantuvieran a raya. Los judiciales fueron el símbolo del abuso de poder de toda una época. Personajes que parecen de ficción, pero que fueron muy reales.

Estos y otros excesos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) trajeron un planteamiento de transformación de la procuraduría que fue parte de un ramillete de iniciativas que se plantearon en el marco del Pacto por México. Si no me equivoco, la propuesta salió del PAN.

El objetivo era dotar a la instancia federal de persecución criminal en el país con autonomía política, entre otros cambios sustantivos. Correctamente se identificó que, si este aparato se somete al poder, se convierte en un arma poderosísima de intimidación y control. Como lo fue en nuestro país tanto tiempo. Un instrumento de persecución política cuyos extremos los personificaban estos judiciales, cuyo recuerdo siempre es malo.

Así se planteó la reforma constitucional que creaba a la Fiscalía y que más tarde retomaran diversas organizaciones de la sociedad civil y académica que hicieron aportaciones muy sustantivas a lo que hoy es la Ley Orgánica de la Fiscalía.

En esos debates participaron personas y agrupaciones de lo más diverso y plural. Todas ellas tocadas por la enorme impunidad que prevalece en el país. En esta gran coalición coincidieron organizaciones en favor de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; colectivos de víctimas; defensores de derechos humanos y todos aquellos que buscan un cambio en el sistema de justicia penal mexicano para hacerlo más justo y menos arbitrario.

Considero que los componentes más importantes de sus propuestas giraban en cuatro ejes: por supuesto, la autonomía política del fiscal para que no se sometiera más al Ejecutivo. Autonomía que se acompaña de contrapesos para que el fiscal no se convierta en un tirano. Quien controla el aparato de persecución criminal debe estar institucionalmente acotado y rendir cuentas.

Un segundo eje es la investigación criminal, lo más sustantivo del trabajo de cualquier fiscalía. Se plantearon modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. Estos modelos de investigación permitirían la consulta y trabajo con expertos, así como el intercambio con víctimas.

El tercer eje consiste en el plan de persecución penal. Las fiscalías deben trabajar estratégicamente. Centrar su atención en lo que más valor genera para los ciudadanos, en lo complejo, pero también en lo de más impacto. Este plan de persecución penal debiera verse reflejado en prioridades en asignación de recursos humanos y financieros y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias para dar cauce y atención a los casos que están fuera de las prioridades.

Un último eje sería el de la innovación en la gobernanza de la institución con la figura de un Consejo Ciudadano. Éste fungiría como un actor que acompaña la transición y las prioridades de la Fiscalía, pero también como una entidad que pide cuentas a los fiscales del funcionamiento de la institución y sus resultados.

La transformación de la justicia en el país es de los procesos más complejos por los que hemos transitado, todavía sin éxito. Y la transición de la PGR a FGR, el desafío de cambio institucional más grande de nuestros tiempos.

A esto habría que agregar que existe la intención de reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía y con ello echar atrás lo conseguido con la reforma realizada; y esto, básicamente porque a su titular hay cosas que no le gustan. Al fiscal, en principio, no cree en el proceso de cambio. Su visión de la justicia está chapada a la antigua, a lo que teníamos, a lo que le da certezas. Quiere el control del aparato. Al parecer, la ley orgánica vigente no le acomoda. El extremo de su visión vertical lo ejemplifica el hecho de que quiere ser quien nombre a los fiscales especiales. Quiere subordinados, no colegas que trabajan tras un objetivo común. Lo de él no es la innovación. Mucho menos tener sentados a ciudadanos en su institución.

De conseguir que su reforma se apruebe el país perderá la oportunidad de la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su proyecto se aprueba, la nueva construcción en materia de justicia se debilitaría. Un actor importantísimo estaría en disonancia. Una institución inquisitorial inserta en un nuevo modelo de justicia. No checa. Iríamos para atrás. Poco a poquito los resortes que nos salvaguardaban del abuso se estarían debilitando. Y nosotros sólo miramos.

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