En un paso clave hacia una gestión pública más transparente y cercana a la ciudadanía, la Legislatura de la Justicia Social firmó un Convenio General de Colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, con el firme propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, vigilancia y combate a la corrupción desde el ámbito legislativo.
El acuerdo fue signado por el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), y la secretaria técnica Alma Gabriela Arroyo Angulo, representante del órgano técnico del Sistema Anticorrupción, en un acto que contó con la presencia de legisladoras y legisladores comprometidos con el bienestar social.
“Este Convenio nos permitirá legislar, formular políticas públicas y generar mecanismos de prevención desde una perspectiva ciudadana. La lucha contra la corrupción no puede ser unilateral: requiere trabajo conjunto y voluntad institucional”, expresó Jorge Sanén.
La firma tuvo como testigo de honor a la diputada Luz Gabriela Mora Castillo, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, quien destacó la importancia de unir esfuerzos para erradicar malas prácticas que dañan la confianza social.
Hacia un Quintana Roo más justo
Este acuerdo establece una coordinación interinstitucional estratégica que permitirá al Poder Legislativo no solo impulsar mejores leyes, sino también acompañar activamente la implementación de acciones y políticas de control, vigilancia y acceso a la información, alineadas con las necesidades y exigencias de las y los quintanarroenses.
Durante el acto protocolario, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Valdivia Arceo Rosado, celebró esta sinergia con el Congreso del Estado, subrayando que “la transparencia y la rendición de cuentas no son solo compromisos: son condiciones indispensables para un gobierno honesto y funcional”.
A su vez, Magda Lozano Ocman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), recordó que la transparencia es un derecho ciudadano y una herramienta que, correctamente aplicada, genera confianza, participación y corresponsabilidad social.
Un frente legislativo con causa ciudadana
En representación de los órganos encargados de investigación, Héctor Ávila Vázquez, titular de la Unidad de Investigación, Acusación y Procesos en Combate a la Corrupción del Distrito Sur, expresó su respaldo al convenio y afirmó que este tipo de acciones mandan un mensaje claro: la impunidad no tendrá cabida en Quintana Roo.
El evento también contó con la presencia de las y los diputados Jennifer Rubio Tello, Alberto Batún Chulim, Saulo Aguilar Bernés, José María Chacón Chablé y Rubén Antonio Carrillo Buenfil, quienes coincidieron en que la construcción de un estado moderno y confiable debe incluir a todos los poderes y niveles de gobierno, pero también a la sociedad organizada.
Este nuevo convenio representa un compromiso público y verificable para que los recursos, decisiones y acciones del Poder Legislativo sean monitoreados bajo los más altos estándares de ética, legalidad y apertura institucional.
Un Congreso del lado del pueblo
En palabras del diputado Jorge Sanén, la Cuarta Transformación no solo se construye desde el Ejecutivo, sino que encuentra en el Poder Legislativo una herramienta clave para legislar con justicia social, desde la raíz, con reglas claras y participación activa de la ciudadanía.
“Nuestro trabajo está enfocado en devolverle a la gente la confianza en sus instituciones. Y eso solo se logra con hechos, no con discursos”, puntualizó.
La Legislatura de la Justicia Social reafirma así su misión de trabajar por un Quintana Roo más íntegro, más justo y más participativo, donde cada acción pública esté alineada al bienestar común y al combate frontal contra la corrupción.
