La enorme disposición que tiene el presidente López Obrador para ayudar desde el Gobierno federal a Quintana Roo y a su gente, amalgamada con la gran habilidad de la gobernadora Mara Lezama para convencerlo tanto a él como a altos miembros de su gabinete de inyectar más recursos y más obras a la entidad, quedó de manifiesto cuando en apenas dos días aterrizaron en cascada varias cosas buenas para el estado. Prometidas unas, recién conseguidas otras.
Reunida con el presidente primero en Chetumal, a donde llegó a revisar los avances del Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, la gobernadora convenció a AMLO de que, aprovechando las obras que se realizan en el Tramo 5, le autorizara ampliar a cuatro carriles el libramiento 180-D que conecta las autopistas Cancún-Tulum y Cancún-Mérida. Esta ampliación permitirá desfogar el tránsito vehicular que se prevé se intensifique con la llegada del Tren Maya y su estación Aeropuerto.
Un día después, en la “mañanera” de Palacio Nacional, a donde fue invitada por el propio López Obrador, Mara presentó un innovador proyecto consistente en la creación de un nuevo Modelo de Apoyo a las Cooperativas, mediante el cual, aportándole recursos y capacitación a los ejidos y comunidades de las etnias mayas, permitirán a sus habitantes beneficiarse de la derrama económica que dejará el turismo una vez que arranque el Tren Maya.
Tradicionalmente, en este tipo de obras monumentales solo un reducido sector compuesto por políticos y empresarios con intereses coludidos resultaban ser los únicos “ganones”. Mediante el tráfico de influencias y el tejido de oscuras complicidades, por décadas esta élite privilegiada que contaba con información confidencial previa y cuantiosos recursos económicos, se apoderaban anticipadamente de tierras y concesiones para multiplicar sus fortunas una vez puestos en marcha los proyectos.
Pero ahora, como se pretende que el Tren Maya “salpique” a todos, Mara Lezama y el presidente acordaron involucrar a los grupos olvidados de siempre y permitirles beneficiarse con su trabajo en la producción agropecuaria, pesquera, artesanal y prestación de servicios turísticos.
Este esquema de cooperativas permitirá un reparto más amplio y equitativo de los ingresos que genere la magna obra ferroviaria. Promoverá la creación autónoma y transparente de estas cooperativas para que todos aquellos que quieran ofrecer bienes o servicios puedan tomar decisiones de manera colectiva y distribuyan de manera justa las ganancias.
Esto incluirá cocinas y restaurantes junto a las estaciones del Tren Maya, donde los artesanos podrán exponer sus productos y los campesinos podrán trasladar su producción en el Tren hacia otros mercados, particularmente centros turísticos.
Algunas comunidades, abundó, podrán organizarse y ofrecer alternativas de turismo ecológico y sostenible, así como construir pequeños hoteles administrados por las familias locales.
Y bueno, aprovechando el periplo a la Ciudad de México y bien sabido que es que la gobernadora no suele regresarse a Quintana Roo con las manos vacías, le cayó después en sus oficinas a Manuel Bartlett, director nacional de la Comisión Federal de Electricidad, a quien convenció de que abriera la chequera y autorizara una inversión de 300 millones de pesos para dotar de una red de cableado eléctrico subterráneo para el nuevo Boulevard Colosio.
Otra buena noticia que nos trajo, es que el municipio de Felipe Carrillo Puerto tendrá por fin su “puerta al mar”. Mediante un camino artesanal de 57 kilómetros que conectará con la zona costera de Playón y Vigía Chico, la cabecera municipal contará de nuevo con salida directa al mar, luego de que este municipio se quedara sin dicho acceso al crearse la reserva federal protegida de la Biósfera de Sian Ka’an en 1986. Por último, la mandataria estatal anunció que en junio arribará a Quintana Roo el primer convoy del Tren Maya y en agosto empezarán a hacer las pruebas sobre las vías. Mejor no le pudo haber ido al estado con las hábiles gestiones de la gobernadora, quien sabe muy bien cómo funciona y para qué es el “derecho de picaporte” en Palacio Nacional
