Meta niega adicción en adolescentes y enfrenta demanda

La empresa de Mark Zuckerberg rechazó en Oakland acusaciones de 29 estados de EU por el uso de Facebook e Instagram en menores.

Meta rechazó en un tribunal federal de Oakland las acusaciones de 29 estados de Estados Unidos que la señalan por haber diseñado Facebook e Instagram para fomentar el uso adictivo entre adolescentes y por recopilar de forma ilegal datos de menores de 13 años.

La empresa de Mark Zuckerberg enfrenta una demanda colectiva presentada en octubre de 2023 y encabezada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. De acuerdo con la acusación, la compañía mantuvo funciones pensadas para captar y retener a usuarios jóvenes, entre ellas algoritmos de recomendación personalizados, Historias, notificaciones push, desplazamiento infinito y videos cortos.

La defensa de Meta respondió que no existe una prueba concluyente de que el uso de redes sociales por adolescentes cause una caída del bienestar. El abogado de la compañía, Paul Schmidt, dijo que “no hay duda” de que algunos usuarios tienen problemas, pero sostuvo que las investigaciones no muestran un vínculo claro entre el uso de estas plataformas y ese deterioro.

Schmidt añadió que el director ejecutivo Mark Zuckerberg buscaba mejorar los servicios de la compañía, no volverlos peligrosos. También afirmó que el personal de Meta “no cree que vaya a tener éxito si a la gente no le gusta su servicio”.

Qué dicen los estados demandantes

Según Reuters, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, dijo al jurado que la estrategia de la empresa consistía en “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad al público”. Añadió que ese esquema “funcionaba especialmente bien con los menores”.

La demanda sostiene que Meta priorizó el crecimiento y la publicidad por encima de la seguridad de niños y adolescentes. Según los fiscales, el objetivo era maximizar los ingresos de anuncios en línea, que representan el 98% de la facturación de la empresa.

Los estados afirman que la empresa sabía que menores de 13 años usaban sus plataformas, pero no obtuvo el consentimiento parental antes de recopilar y monetizar sus datos personales. Esa conducta, según la acusación, vulneró la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA, además de otras normas de protección al consumidor.

La presentación judicial también agrega que el tiempo excesivo en línea alimenta síntomas de depresión, ansiedad y adicción. Además, sostiene que Meta engañó al público al minimizar o negar los riesgos asociados con sus servicios.

El fiscal general de California, Robert Bonta, afirmó que la empresa “diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes”, sabía de ese riesgo y “luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.

Un juicio que puede durar semanas

El proceso puede extenderse al menos seis semanas y expone a la empresa a sanciones que las partes calculan entre 200.000 millones de dólares y 1,4 billones de dólares.

Entre los testigos previstos figuran Zuckerberg, el director de Instagram, Adam Mosseri, y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.

El primer testigo fue el exingeniero de seguridad de la empresa Arturo Bejar, quien declaró que “actuar rápido y romper cosas” seguía siendo el lema corporativo y que “la seguridad no se tuvo en cuenta” cuando se implementó inicialmente la función Reels de Instagram.

Citado por Reuters, Bejar situó esa falta de previsión en uno de los productos más usados por los jóvenes en la plataforma. Su declaración apuntó a uno de los ejes centrales del juicio: si las decisiones de diseño privilegiaron la permanencia de los menores en pantalla por encima de la prevención de daños.

El caso llega con un antecedente reciente en Nuevo México, donde la empresa fue condenada a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, sumado a otros 375 millones de dólares por un juicio anterior en marzo, ambos vinculados a fallas en la protección de menores frente a riesgos en sus plataformas.

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