La Cámara de Diputados discutirá una reforma para acelerar tratamientos, fortalecer el registro nacional y evitar interrupciones en la atención.
La Cámara de Diputados debatirá una reforma sanitaria que busca establecer un plazo máximo de 60 días para iniciar el tratamiento de pacientes con cáncer en instituciones públicas, además de fortalecer el registro nacional de la enfermedad y evitar interrupciones en la atención médica.
La iniciativa fue promovida por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), una alianza de 38 organizaciones civiles, y ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, confirmó a EFE que se espera llevar la propuesta al pleno a partir del 15 de noviembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, a mediados de diciembre.
De acuerdo con la propuesta, el objetivo es transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público, capaz de orientar las decisiones sanitarias con base en información sobre pacientes, diagnósticos y tratamientos.
“Anteriormente no se tenía un registro, pero no se enfocaba como un programa nacional (a nivel país) de atención y control del cáncer”, explicó Zenteno.
El legislador sostuvo que la continuidad de la atención médica debe garantizarse porque “la salud no es una mercancía y los ciudadanos no son clientes, son seres humanos”.
Tratamientos sin demoras
La vocera de la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México, Elisa Puente, explicó que la reforma también busca que, si un paciente no puede ser atendido en una unidad, exista la posibilidad de remitirlo a otra con capacidad disponible.
La propuesta incluye medidas contra la discriminación financiera de las personas que han superado el cáncer y mecanismos para evitar que los tratamientos de pacientes infantiles se interrumpan al alcanzar la mayoría de edad.
También contempla el llamado “derecho al olvido oncológico”, destinado a evitar que quienes superaron la enfermedad sufran discriminación en el acceso a productos financieros.
En México, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) registra 96 mil 210 muertes anuales por esta enfermedad, en un país que todavía enfrenta dificultades para consolidar un registro nacional con cobertura poblacional suficiente.
El director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), Francisco Freiria, señaló que la reforma busca pasar de un registro estadístico a un sistema de control integral, con liderazgo técnico del Incan.
Según explicó, el objetivo es que las decisiones sobre tratamientos, adquisición de medicamentos y acceso a medicina de precisión respondan a evidencia científica y a las necesidades reales de los pacientes.
La propuesta también pretende atender la escasez de medicamentos oncológicos, las deficiencias en la formación del personal sanitario y las desigualdades territoriales en el acceso a la atención.
Las organizaciones impulsoras sostienen que el sistema debe garantizar una atención integral, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y los cuidados paliativos, sin importar el lugar de residencia de los pacientes.
Con información de EFE.














