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“NUESTRAS FUERZAS ARMADAS”

La importancia que han adquirido en los últimos dos años nuestras fuerzas armadas, así como la cantidad de labores que realizan para el gobierno federal, las han colocado en un lugar de alta exposición al escrutinio interno y externo, y quizá de vulnerabilidad y cuestionamientos; y con ello la del propio País.

Ejemplo de esto fue la sorpresiva detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, así como conocer su exoneración. Conocer que un general con la trayectoria de Cienfuegos podía estar involucrado en actividades criminales nos cimbró. Nos hizo pensar que los tentáculos del crimen organizado lo podía todo. Incluso corromper a un representante del Estado mexicano cuya misión es, justamente, proteger y salvaguardar la seguridad y el interés nacionales. Para ello se formó. La esencia de su doctrina es ésa: el servicio incondicional.

El general fue finalmente exonerado, primero en los Estados Unidos de América, a cambio, se dijo, de la promesa de que aquí se realizarían las investigaciones pertinentes que culminaron con un proceso que dejó insatisfechos a propios y extraños por la rapidez con la que se sustanció y la conclusión a la que se arribó, lastimando la credibilidad del proceso y al propio General Cienfuegos que bien le hubiera hecho un proceso de investigación bien conducido y a la relación bilateral.

Pero también, y acaso más importante por las posibles implicaciones de una exoneración que, con estas características, son enormes: ponen a las Fuerzas Armadas por arriba de la ley. Fuera de cualquier control democrático. Y esto es grave.

La edición de enero de 2021 de la revista Nexos trata sobre las Fuerzas Armadas. Un artículo de Catalina Pérez Correa pone el dedo en la llaga, y lo hace desde el título: “Cuando los ciudadanos se vuelven enemigos”. Trata de los abusos del Ejército a partir de su incursión en tareas de seguridad. Presenta evidencia de abusos de derechos humanos perpetrados por militares, sobre todo bajo el gobierno de Felipe Calderón. Describe cómo la presencia de miembros del Ejército en operativos ha provocado la proliferación de quejas ante la CNDH. Recuerda los casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos castrenses que fueron presentados ante instancias de justicia internacional. Es un hecho: más despliegue militar implicó más abusos contra civiles. Y muy pocos de éstos fueron investigados, menos sancionados. El abuso tiene permiso de ser; afirma.

Hoy el despliegue militar en tareas de seguridad no tiene parangón. En el mismo artículo de referencia, se reporta que en octubre de 2020 había 181 mil 286 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país. Y los abusos a derechos humanos no cesan; incluso la muy nueva Guardia Nacional ya aparece entre las 10 autoridades con más quejas ante la CNDH, después de la SEDENA.

A las tareas de seguridad, se le han sumado otras como las de construir y administrar un aeropuerto; construir sucursales de bancos y desarrollos inmobiliarios; custodiar vacunas, fronteras y migrantes; administrar aduanas y puertos, entre otras más; que ya no solamente implican labores de servicio, sino acceso de cuantiosos recursos y de control.

El actual artículo 129 de la Constitución establece en su primer párrafo: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Lo hemos dicho antes, desde nuestra perspectiva, tanta actividad a cargo de nuestras fuerzas armadas parece no ser lo más recomendable. Quien fuera titular de la CNDH expresó en uno de sus informes ante el Congreso de la Unión al respecto: “Es una apuesta arriesgada para la democracia y la institucionalidad”; una vez que transcurra la emergencia va a ser difícil que devuelvan esas potestades a las instituciones civiles”.

La Doctrina enseña que la limitación constitucional del funcionamiento de las Fuerzas Armadas tiene origen, a más de la pretensión de un Estado democrático de Derecho, en los históricos excesos cometidos en diversas latitudes por aquellas, que han provocado golpes de Estado y/o el uso excesivo de la fuerza pública, incluso la letal. Es producto de estándares internacionales.

El servicio que las fuerzas armadas han brindado a México en el combate al crimen organizado, así como su actuación en casos de desastres naturales, ha sido excepcional; sin embargo, como señalaba Luis Raúl González Pérez en su aludido informe, de requerírseles que acaten el precepto constitucional para que vuelvan a sus cuarteles y ejerzan funciones que sólo tengan conexión con la disciplina militar, ¿lo harían?, ¿tendrían el interés y motivación de hacerlo?, ¿hay un riesgo para la democracia e institucionalidad?

Quedan ahí las inquietudes, así como la convicción de que conviene, en principio, dejar claro el caso del General Cienfuegos. Tenemos derecho a saber más y a conocer una argumentación más elaborada que la ofrecida por el fiscal general y el propio presidente de la República.

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