Dentro de nuestro sistema jurídico, se le ha encomendado al Poder Judicial el “decir el Derecho”. Para ello, se han emitido normas que deben seguir jueces, magistrados y ministros a fin de que, al momento de realizar su labor jurisdiccional mediante sus resoluciones y sentencias, sean cabalmente respetados los derechos y garantías que consagra nuestro orden constitucional y legal, de quienes acuden en busca de justicia.
Hace aproximadamente un mes, en medio de un gran despliegue mediático supimos que llegaría, procedente de España, después de muchas especulaciones, expectativas, conjeturas; quien, se dijo, era y es una pieza clave en el esclarecimiento de graves actos de corrupción en nuestro País en el pasado reciente, y por ende un caso que pudiera ser emblemático en el combate a la corrupción que tanto daño nos ha hecho.
El revuelo causado por este asunto y sus potenciales consecuencias, son las que ha motivo la reflexión contenida en estas líneas por el desafío que representa el debido desarrollo y trámite de ese asunto para el sistema judicial mexicano, en el que, sin empezar el trámite propiamente dicho, ya le rodean toda clase de rumores, filtraciones, sospechas, descalificaciones, suspicacias, que van desde que es un asunto previamente pactado en el que poco o nada agregará el juzgador; pasando por que todo es un distractor, un asunto político o incluso, uno que sólo tendrá utilidad electoral.
Lo que suceda, impactará al Poder Judicial, siendo lo más deseable que su actuar, resulte positivo al respetar puntualmente su marco jurídico y fortalezca a este Poder y así hacer malo el pronóstico de sus detractores; lo contrario sería para la impartición de justicia, para el sistema de contrapesos, para los juzgadores y el propio poder judicial; para el País y para sus ciudadanos; malo.
Malo para los órganos impartidores de justicia, a los que se les señalará de corruptos o de debilidad o de alineación; propiciando su debilitamiento para hacerles manipulables o controlables o ambas.
Malo, para los juzgadores porque se les atacará con cuestionamientos sobre su objetividad, imparcialidad y conocimientos; corriéndose el riesgo de que endurezcan sus resoluciones y las emitan a “raja tabla” en perjuicio de quienes o no tuvieron cómo o no fueron defendidos correctamente; o prefieran una excesiva laxitud con tal de encajar en el “sistema”.
Malo que sea posible, emitir juicios de valor de carácter legal en los medios de comunicación y en las redes, así como acusaciones, afirmaciones, y veredictos, sin más sustento que el dicho del emisor, quien, en no pocas veces, los emite con base en una pretendida superioridad moral o ética.
Malo porque de propiciarse una violación al debido proceso, pudiera derivar alguna potencial exoneración o; por lo contrario, si se condena sin el suficiente soporte jurídico, por presiones de carácter político, mediático o social; el perjuicio será igual o peor de malo.
Finalmente, malo, porque de darse una o varias de las anteriores, quien más pierde es el ciudadano común. El que no tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación para difundir su verdad o el que carece de los recursos económicos para sufragar una buena defensa jurídica o quien no puede hacerse de los conocimientos legales suficientes; para los que confían en un sistema que en la letra de nuestra Constitución les garantizan un “debido proceso”, seguridad jurídica y legalidad; pero en los hechos, no suceda así.
