Los resultados electorales no cerraron la crisis: Perú llevará el caso a instancias internacionales y Colombia aviva el debate por la legitimidad del nuevo gobierno.
Los dos recientes balotajes presidenciales en Perú y Colombia, definidos por márgenes muy estrechos, siguen mostrando que, pese a la conclusión formal de los procesos electorales, las tensiones políticas están lejos de disiparse.
Perú lleva la disputa a instancias internacionales
Aunque el escrutinio oficial concluyó con la victoria de Keiko Fujimori por apenas 49 mil 641 votos y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones está prevista para el 3 de julio, el candidato derrotado, Roberto Sánchez, mantiene su rechazo al resultado.
Este martes anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al denunciar una “grave afectación al proceso electoral” y cuestionar cambios en las reglas aplicadas al voto en el exterior durante la segunda vuelta. Además, reiteró que no reconocerá el gobierno de Fujimori, trasladando ahora la disputa del ámbito electoral al plano internacional.
Colombia reaviva el debate sobre la legitimidad del nuevo gobierno
En Colombia, aunque Iván Cepeda reconoció inicialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella tras el escrutinio oficial, este martes elevó nuevamente el tono de sus cuestionamientos.
Exigió que el presidente electo renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto y advirtió que, de no hacerlo, promoverá una campaña de “desobediencia civil pacífica”, al considerar que existiría un problema de legalidad y soberanía.
El futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que Cepeda “debe ceñirse a la Constitución y la ley”, recordando que la voluntad expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada.
Tensiones que persisten tras el cierre institucional
En ambos países, los procesos electorales han concluido institucionalmente, pero la disputa política continúa.
Perú enfrenta ahora la internacionalización del conflicto mediante recursos ante instancias de DDHH interamericanas, mientras que en Colombia el debate se traslada al terreno de la legitimidad política y constitucional del próximo gobierno, reflejando las dificultades que enfrentan las democracias altamente polarizadas para cerrar plenamente elecciones decididas por diferencias mínimas.
