• El proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025 propone reconocer la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
Al considerar que la Constitución Federal no establece de manera expresa cómo debe elegirse a la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia, el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad propone reconocer como válido el mecanismo de designación previsto en la legislación de Quintana Roo.
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cuya constitucionalidad fue impugnada, establece que la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia será elegida de entre las y los magistrados que integran el Pleno, mediante el voto de la mayoría y por escrutinio secreto, durante la primera sesión que se celebre en el mes de agosto del año correspondiente.
En este sentido, la ministra María Estela Ríos González propone al Pleno de la Suprema Corte reconocer que, al no existir una disposición expresa en la Constitución Federal que establezca cómo deben las entidades federativas elegir a la persona que presida su Tribunal Superior de Justicia, corresponde a los congresos locales definir ese procedimiento. Por ello, considera que lo previsto en el artículo 27 es acorde con la Constitución.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá este mes de julio el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, de aprobarse este proyecto, se fortalecería la certeza jurídica sobre el procedimiento mediante el cual se designa a la persona que encabeza el máximo tribunal del estado.
Por otra parte, el proyecto considera que el procedimiento para elegir a las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial no se ajusta a lo previsto en la Constitución Federal, ya que actualmente ambas son elegidas por las personas que integran dichos órganos.
En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, la Constitución establece que su presidencia debe renovarse de manera rotatoria cada dos años, de acuerdo con el número de votos obtenidos por cada integrante durante la elección. En cuanto al Órgano de Administración Judicial, a nivel federal la persona que ocupa la presidencia se elige mediante insaculación que también se realiza cada dos años.
Finalmente, el proyecto propone dejar sin efectos la disposición transitoria del decreto de reforma constitucional en materia judicial, publicado el 13 de enero de 2025, mediante la cual se prorrogó el nombramiento de Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carvajal como magistrados numerarios hasta el año 2033, así como el mecanismo previsto para la designación de la magistratura especializada en materia de adolescentes.
De aprobarse el proyecto en sus términos, estas magistraturas participarían en el proceso de elección judicial previsto para 2028, con lo que concluiría la renovación total del Poder Judicial del Estado mediante el voto de la ciudadanía, consolidando a Quintana Roo como una de las primeras entidades del país en implementar este nuevo modelo de elección de personas juzgadoras.
