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REMESAS Y LEGALIDAD

En marzo pasado se registró un incremento récord de 35.8% en las remesas en comparación con el mismo periodo del 2019. En la primera mitad del año las remesas han presentado un aumento de alrededor del 10% en contraste con los primeros seis meses del año pasado, a pesar de la pandemia mundial y la crisis económica.

Estos incrementos “desconcertaron” a los economistas y llegaron a ser titulares en los medios internacionales, ya que, aparentemente, el caso de México contrastaba con las predicciones del Banco Mundial: la crisis del Covid-19 generaría en una disminución del 20% en las remesas globales.

Sin embargo, los últimos meses de aumentos en las remesas mexicanas deben tomarse como una excepción, no como una regla y por ello el gobierno mexicano debe apoyar los programas de asistencia social para prepararse ante un escenario de riesgo a largo plazo en donde esta tendencia no continúe. Los cambios a las políticas de inmigración y salud de Estados Unidos durante la actual crisis ponen en peligro el flujo de remesas desde el país vecino, generando posibles consecuencias para la economía mexicana que podrían durar hasta una década.

Las remesas son una fuente fundamental de ingresos para la economía mexicana, representando un total de alrededor de 36,000 millones de dólares en 2019. Durante la última década, las entradas de remesas promediaron alrededor del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). En el 2019, su proporción respecto del PIB superó a la de la Inversión Extranjera Directa por primera vez en 7 años.

La emigración a los Estados Unidos ha sido parte de muchos hogares mexicanos en las zonas rurales, les ha permitido enfrentar la variabilidad en sus ingresos debido a factores ambientales y otros factores que afectan el empleo local. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que el número de personas de comunidades que emigraban al extranjero para hacer frente a las crisis de ingresos, actualmente lo hacen en menor medida que en periodos anteriores. Y esto tiene que ver con los cambios legales en los Estados Unidos y los problemas que hoy el tránsito a “el norte” enfrentan los peligros generados por el crimen organizado.

El futuro puede ser incierto, pero los gobiernos, tanto de México como de otros países, deberán actuar inmediatamente para promover los programas de asistencia social que protejan contra los daños de futuras disminuciones en las remesas. Ante la actual crisis, si el gobierno mexicano invierte en programas sociales de transferencia de efectivo, podrá ayudar a la ciudadanía y, a su vez, a la economía. Pero la legalidad y el Estado de derecho debe ser el punto de partida. Los migrantes no son motivo de orgullo de nadie, es parte de los grandes pendientes que tiene nuestro país.

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