El Senado de la República tiene previsto discutir y votar el paquete pendiente de la reforma electoral, o plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual plantea la compactación y reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la eliminación de la cláusula de “vida eterna a partidos”.
Hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores.
Además de lo anterior, se espera que el paquete de reformas electorales que será retomado por el Congreso la siguiente semana motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales.
Según el estudio, los actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Por otro lado, algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso (Morena, PT, Partido Verde) a favor del Plan B, señalan aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
Fuente: Agencia de Noticias
